El último Consejo de Ministros del mes no será el martes 30, sino este lunes 29 en convocatoria ordinaria, para adelantarse a la fecha en que decaen las medidas aún vigentes del anterior escudo anticrisis y lo prolongará hasta tres meses, según adelantó el jefe del Ejecutivo.

Pedro Sánchez ya avanzó que será "un nuevo real decreto ley de protección al tejido productivo y también a la ciudadanía", que estará pendiente del recorrido del anuncio de paz en Oriente Próximo. Se trata de un decreto que hasta última hora estará abierto, según apuntaron fuentes gubernamentales, y que se ha venido negociando con el resto de grupos, con patronal, sindicatos y también distintas asociaciones en los últimos días para que no haya ningún sector que no esté protegido ante un posible aumento de precios como consecuencia de la guerra.

La semana pasada, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reunió con el sector agroalimentario en la última cita de la ronda en la que también participó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. El Ejecutivo lleva desde marzo monitorizando la situación para decidir si hacía falta aprobar este real decreto ley que conlleva la aprobación de nuevas medidas fiscales.

El nuevo plan anunciado llega en plena desescalada del anterior. De hecho, el escudo social ya preveía que algunas medidas decayesen si los precios se contenían en abril. Es lo que sucedió con el IVA de la electricidad y el gas natural, que desde el 1 de junio volvió a ser del 21%, tras un mes y medio con un tipo del 10%. También ha concluido ya la rebaja del impuesto especial de electricidad, que de un 5% habitual pasó al 0,5%.

Sin embargo, siguen vigentes hasta el 30 de junio, y habrá que ver si finalmente se incluyen en el nuevo decreto las bonificaciones a los carburantes, con una rebaja del IVA al 10% y en contra del criterio de la UE. Tampoco ha decaído la suspensión del impuesto sobre el valor de la energía eléctrica o las ayudas para agricultores y transportistas y los descuentos adicionales del bono social eléctrico.

Sánchez recordó recientemente que el precio del petróleo todavía está sujeto a una alta volatilidad, lo que provoca incertidumbre y "vulnerabilidad" en los sectores económicos más expuestos. El presidente advirtió, además, durante una comparecencia en el Congreso, de los efectos "francamente positivos" del decreto ley aprobado en marzo, para el que se desplegaron 5.000 millones de euros, en lo que se refiere a la protección de hogares, empresas y sectores afectados como la agricultura o la industria electrointensiva porque consiguió contener la inflación y permitió "consolidar" el crecimiento económico y la creación de empleo en un contexto de fuertes subidas de los precios energéticos.

Así, avanzó que los agricultores pudieron acceder a 500 millones de euros para comprar fertilizantes para "salvar" la época de cosecha, y la factura de electricidad de la electrointensiva se rebajó un 14%.

Como todo decreto ley, debe ser aprobado primero en la reunión interministerial y publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para después iniciar el plazo de 30 días para pasar el examen parlamentario para conocer si el Congreso lo convalida o lo deroga. Hasta ese momento, las medidas estarán en vigor desde su publicación en el BOE, por lo que el Gobierno enlaza un paquete de medidas con otro.