Así lo anunció el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde donde dijo que espera que el proyecto entre en vigor antes de finalizar el año.

Cuerpo defendió que se trata de un proyecto de “especial relevancia” para la “protección de los clientes financieros”. “Es un proyecto prioritario que ya contó con apoyo en la anterior legislatura”, indicó, con lo que deseó que en esta ocasión “pueda contar de manera rápida también con el respaldo de la mayoría del Congreso”.

Explicó que el Gobierno ya impulsó la Autoridad de Defensa Financiera en la legislatura anterior, pero “decayó justo antes de su adopción final”. En mayo del año pasado, la Cámara Baja aprobó la iniciativa, pero no se puso en marcha por la convocatoria de las elecciones generales, ya que el Senado no llegó a dar su visto bueno.

El ministro explicó que la Autoridad de Defensa Financiera completa “de manera efectiva el sistema de protección e inclusión de los de los clientes financieros”, ya que se trata de “un órgano que se dota de independencia funcional para la resolución extrajudicial de los conflictos entre las entidades financieras y sus clientes”.

De esta manera, el Gobierno avanza en los trámites para tener operativo este nuevo organismo de resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes. Su creación forma parte de las reformas necesarias para recibir el cuarto pago de fondos europeos por importe de 10.000 millones de euros.

El pasado mes de diciembre, el Ejecutivo relanzó la nueva Autoridad y la puso en audiencia pública con la intención de acelerar su adopción y que entrara en vigor lo antes posible. En enero, aprobó el trámite por la vía urgente para acortar los tiempos parlamentarios.

El Ministerio impulsó la creación de este organismo durante la pasada legislatura para incrementar la protección de los ciudadanos como clientes financieros, centralizando los actuales servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Los ciudadanos podrán presentar reclamaciones ante la nueva autoridad de forma gratuita y ésta deberá resolver en un plazo máximo de tres meses. Sus decisiones tendrán carácter vinculante cuando se diriman importes de menos de 20.000 euros sobre normativa de conducta y en materia de cláusulas abusivas. En el resto de los supuestos (incumplimientos sobre normativa de conducta y en materia de cláusulas abusivas por importe igual o superior a 20.000 euros y sobre buenas prácticas y usos financieros) las resoluciones no serán vinculantes.

La propia CNMV consideró que no existe una situación “problemática” con las reclamaciones y la Asociación Española de Banca (AEB) avisó del “riesgo de inconstitucionalidad” de la tasa que tendrá que pagar para financiarla.

Precisamente, el punto que ha generado más polémica es la tasa de 250 euros que deberán pagar entidades financieras y aseguradoras por reclamación recibida. Inicialmente, se definió que se pagara esta tasa independientemente del resultado final de la reclamación y en el parlamento se acordó que el 60% de los gastos de la autoridad a financiar con la tasa se calculen teniendo en cuenta el número de resoluciones favorables al reclamante, y el 40% lo sea en función del número de reclamaciones que reciba cada entidad, penalizando más a las entidades con peores resultados.