En el informe, según el Gobierno, queda patente el "esfuerzo" realizado por la Administración General del Estado y también por las comunidades autónomas para atender, ayudar y proteger a los ciudadanos afectados por aquellas dos presuntas estafas.

En total, 450.000 personas se vieron afectadas por este fraude pero ahora cuentan con créditos del ICO en condiciones especiales, una defensa común y una coordinación en la que participa también el Gobierno.