El máximo órgano de dirección entre asambleas de la coalición que dirige Gaspar Llamazares, formado por más de doscientas personas, discutirá y votará también un informe de análisis de la coyuntura política, pero ni la dirección ni los críticos dudan que la decisión de la Comisión de Garantías sobre las listas de Madrid será el centro del debate.

En el centro de esta polémica, el Consejo votará la propuesta de código ético que presentará la dirección federal, y que los críticos pretenden que sea de aplicación, no sólo a los cargos públicos, sino también a los miembros de la Comisión de Garantías Federales, según informaron a Servimedia fuentes de la coalición.

La Comisión de Garantías Federales, calificado por Llamazares como el "Tribunal Supremo" de IU, dió por nulas las normas que rigieron el proceso de elección de las candidaturas de IU de Madrid, entre ellas las del cabeza de lista al Ayuntamiento de la capital, Ángel Pérez, y a la Comunidad, Gregorio Gordo.

La Comisión de Garantías, que tomó esta decisión el pasado 28 de noviembre ante el recurso presentado por la supuesta vulneración de las normas estatuarias en la elaboración de las candidaturas de Madrid, aún tiene que trasladar por escrito a los afectados a cuántas de las listas concierne esta medida.

La Presidencia Regional acusó al sector que respalda a Llamazares, minoritario en Madrid, de utilizar a la Comisión de Garantías como "órgano de presión política" y cuestionó la legitimidad de este órgano, ante lo que la dirección federal garantizó que, si estas decisiones no se acatan, se encargará de repetir el proceso de elaboración de las candidaturas afectadas.

Aunque el conflicto de Madrid no figure en el orden del día, sí se hace referencia al tema en el documento político presentado por la dirección, que concluye con un apartado en el que asegura que "la dirección federal promoverá la solución política de los conflictos en curso en la convicción de que este modo es el que corresponde con nuestra naturaleza de organización política".

NADIE AL MARGEN DE LA LEY

"Este Consejo Político Federal defiende que respetará y hará respetar las decisiones de sus órganos y muy especialmente de la Comisión de Garantías y Control", prosigue. "Debe quedar claro que ningún militante ni organización están al margen de la legalidad de Izquierda Unida".

La propuesta de la dirección federal manifiesta la convicción de que "ninguna organización se pondrá enfrente de las decisiones regulares de organismos legitimados para tomar decisiones" y recuerda que "será la Presidencia la encargada de velar por esos cumplimientos y por su aplicación de manera que no se vulneren derechos fundamentales de los afiliados y afiliadas".

"Esta articulación de respeto a la legalidad y preeminencia de la política debe dar como resultado el fortalecimiento de IU y de sus principios fundacionales, entre ellos y muy especialmente el respeto a la pluralidad, a la democracia interna, a la lealtad al proyecto y a hacer de IU un real instrumento de cambio a favor de la mayoría de la población", añade.

El documento político analiza, por otro lado, el compromiso con el proceso de paz, en el que muestra su "decepción por la acción del Gobierno. El coraje inicial se ha diluido apresados por el temor a los efectos electorales de esta gestión. Mal cálculo", añade.

Asegura que la principal responsabilidad corresponde a ETA y a su entorno, pero también el Partido Popular, que "muestra su miserabilidad política en este asunto y su voluntad de seguir persiguiendo beneficios políticos a través del aprovechamiento del terror".

CAMPAÑA POR LA PAZ

En este contexto, anuncia que iniciará en enero una campaña de movilizaciones en defensa del proceso de paz, e insiste en la necesidad de promover un Pacto por la Paz en el ámbito político estatal, la reforma de la Ley de Partidos y el endurecimiento del Código Penal y la flexibilización de la política penitenciaria.

Otra de las críticas con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se dirige a su empeño en "ocupar el centro político, con su "voluntad de despreciar los acuerdos desde la izquierda siendo obsequiosos con la derecha en el tema de la memoria histórica y en los acuerdos con la Iglesia".

El proyecto sobre memoria histórica demuestra que el PSOE es "preso de una historia que en nombre de la gobernabilidad quiso extender una capa de silencio sobre la represión, la tortura, el miedo. Sobre esos cimientos se ha construido la transición y por eso nuestra democracia es frágil".

Asimismo, considera un "error grave el acuerdo con la Iglesia en materia de financiación y en materia educativa. Se ha cedido a la presión social y mediática a cambio de nada", con acuerdos "más propios del tardofranquismo que de la democracia" que otorgan "privilegios injustificables a la Iglesia católica".

FRENO AL CENTRO

Por otro lado, analiza los resultados de las elecciones catalanas, que demuestran la posibilidad de poner freno a la "estrategia de pacto con el centro" y supone un "triunfo de la responsabilidad de la izquierda alternativa" que confía en que se traslade a las próximas elecciones municipales y autonómicas.

En el ámbito internacional, se remite a la muerte del "criminal" Augusto Pinochet para "recuperar la idea de un tribunal internacional contra el triángulo de las Azores", porque una intervención militar "construida desde la mentira no puede considerarse saldada con la salida de la presidencia de Estados Unidos de Georege W. Bush".

Se felicita, asimismo, por "la incontestable reelección de Hugo Chávez como presidente de Venezuela, la elección de Correa en Ecuador o de Daniel Ortega en Nicaragua, procesos que ponen de manifiesto que la ola popular que exige en el continente un nuevo rumbo se ha consolidado como opción política".