Esta medida, tomada tras una reunión en la que los gestores de ambas empresas analizaron la conflictividad de la "línea maldita", tendrá un carácter preventivo, hasta que las autoridades competentes solucionen los problemas de seguridad ciudadana que padece esa zona.

Un portavoz del consorcio aseguró a Servimedia que los responsables de ambas empresas manendrán negociaciones con la Delegación del Gobierno en Madrid para que este organismo adopte medidas de carácter policial.

El consorcio pedirá al representante del Gobierno que incremente la vigilancia policial en la zona del poblado y aumente la presencia de las patrullas en el recorrido de la línea.

Las mismas fuentes dijeron que esta medida no significará que los agentes del Cuerpo Nacional de Policía realicen el trayecto dentro los autobuses, porque, en su opinión, "no parece muy correcto" y demás sería necesario un gran número de funcionarios para cubrir todos los servicios.

Añadieron que el consorcio no tiene competencias para solucionar la venta de drogas, "que es lo que ocurre en este caso", ni el transporte debe ser la vía para resolver los problemas de seguridad ciudadana.

Aseguraron también que el organismo va a prestar todo tipo de colaboración a las instituciones para erradicar la conflictividad de la línea.

Burgaleta y Revenga llegaron a este acuerdo tras estudiar otra posibilidades, que finalmente descartaron. Entre esas opciones, analizaron la conveniencia de cortar la línea en la parada de La Celsa, implantando en su lugar dos tramos: uno de ellos iría de Villaverde Alto hasta la parada anterior al poblado y el otro partiría de la siguiente para continuar hasta Vicálvaro.

Según fuentes del consorcio, esta propuesta fue rechazada por ambas partes, ya que de los 4.200 viajeros que utilizan diariamente la línea, 2.000 cruzan la zona de La Celsa, para continuar haci las paradas siguientes.

"Unicamente 120 viajeros usan esa parada, por lo que con la medida se perjudicaría a un 98 por ciento de los usuarios", añadieron.

INSUFICIENTE

Por su parte, el líder de la Plataforma Sindical de la EMT, Pablo Rodríguez, aseguró a Servimedia que esta medida, que consideró insuficiente, es una "irresponsabilidad" de los gerentes.

Rodríguez dijo que con la supresión de la parada aumentará el peligro para los conductores, ya que los toxicómanos que viajen a La Celsa ls obligarán a parar el vehículo, "utilizando navajas o cualquier otra arma".

"Aquí lo que hace falta es dar protección y servicio al usuario, no dejando solo al conductor del vehículo, tratar el caso de los drogadictos como un problema social que tenemos y además erradicar el punto de venta de drogas", dijo.

En opinión del líder sindical, con esta medida Revenga y Burgaleta "se quitan temporalmente el problema de encima", ya que dentro de unos días ocurrirá lo mismo que antes.

Pablo Rodrígue acusó a los gestores del transporte de no querer escuchar a los trabajadores, con quienes, en su opinión, deberían reunirse para estudiar las medidas que hay que adoptar respecto a la línea 130.

"No entiendo cómo alguien que no conoce la línea ni su problemática se atreve a hablar de lo que hay que hacer allí", añadió.