En un escrito enviado al Gobierno gallego, el Tribunal Constitucional informa que tanto la deanda como los documentos presentados serán remitidos a las Cortes y al Gobierno para que en un plazo de 15 días puedan personarse en el proceso y formulen las alegaciones oportunas, según informó hoy la Xunta.

La cesión del 15% del IRPF a las autonomías fue acordado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en octubre de 1993. Aunque entonces la medida contó con la oposición de los gobiernos de Extremadura y Baleares y con la abstención del de Castilla y León. En la actualidad sólo Galicia mantiee el rechazo frontal al acuerdo.

Para la Xunta, el acuerdo de cesión vulnera el principio constitucional de solidaridad, ya que, en su opinión, servirá para que las comunidades más ricas puedan seguir incrementando la prestación de servicios, mientras que las de menos ingresos quedarán cada vez más alejadas de ese crecimiento.

La Xunta también entiende que el acuerdo hace una lectura errada de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, dado que no establece una correcta aplicacón de la variable de esfuerzo fiscal.