El Tribunal, tras haber invocado el Gobierno en su demanda el artículo 161.2 de la Constitución, ha suspendido la vigencia y aplicación de los preceptos recurridos, desde la fecha de interposición del recurso (28 de septiembre de 2023) para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.

El recurrente plantea que los citados artículos podrían vulnerar las competencias del Estado para la determinación del régimen jurídico del dominio público marítimo-terrestre (art ículo 132.2 de la Constitución) y la legislación básica en materia de protección del medio ambiente litoral (artículo 149.1.23ª).

El Pleno también ha aprobado la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno contra los apartados uno, seis y siete de la disposición final segunda de la Ley Foral 35/2022, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2023.

El Gobierno alega que los preceptos impugnados serían inconstitucionales por vulnerar la competencia estatal en materia de “legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas” del artículo 149.1.18 de la Constitución.