El origen del choque está en la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible en la Cámara Alta, donde el PP consiguió introducir varias enmiendas, que luego fueron refrendadas por el Congreso de los Diputados, aunque el Gobierno vetó algunas de ellas argumentando que afectaban al equilibrio presupuestario.

El Senado planteó un primer conflicto en relación con la decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados de no proceder a la inmediata conclusión de los plazos de enmiendas de todas las proposiciones de ley remitidas por la Cámara Alta que hayan superado la duración de una única prórroga de conformidad con lo previsto en el artículo 91 del Reglamento del Congreso.

En su demanda, el Senado alega que el objetivo esta ampliación sucesiva de los plazos de enmienda sería mantener indefinidamente paralizadas todas las proposiciones de ley procedentes de dicha cámara. Esto podría suponer la vulneración del artículo 66 (potestad legislativa de las Cortes Generales) y del artículo 87.1 (iniciativa legislativa) de la Constitución, así como de los artículos 43.3, 91, 108.2, 125 y 126.5 del Reglamento del Congreso.

El segundo conflicto entre órganos constitucionales se interpuso en relación con el Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 11 de noviembre de 2025, de no proceder a la tramitación por el Pleno del Congreso de las enmiendas números 118 y 148 aprobadas por el Pleno del Senado por las que se incorporan un artículo 61 bis y una disposición transitoria undécima al Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, por haber expresado el Gobierno su disconformidad con la tramitación de las mismas.

El Senado sostiene que el citado acuerdo sería contrario a los artículos 1.1. 23.2, 66.2, 90.2 y 134.6 de la Constitución y a los artículos, 31.1. 4º, 97.1, 111, 121 y 123 del Reglamento del Congreso.

El tercer conflicto lo promovió el Senado frente al Acuerdo por el que el Gobierno expresa su disconformidad respecto a la tramitación de las enmiendas números 118 y 148 aprobadas por el Pleno del Senado, por las que se incorporan un artículo 61 bis (nuevo) y una disposición transitoria undécima (nueva) al Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible.

Para la Cámara Alta, este acuerdo del Gobierno que invoca lo establecido en el artículo 134.6 CE (veto presupuestario), podría vulnerar los artículos 1.1, 23, 66.2, 90.2 y 134.6 de la Constitución, los artículos 111, 121 y 123 del Reglamento del Congreso de los Diputados y del artículo 151 del Reglamento del Senado.