Según informó el Constitucional, la estimación del recurso de amparo, del que ha sido ponente la magistrada Laura Díez Bueso, se fundamenta en que los tribunales que conocieron sobre los presuntos abusos “no realizaron una investigación exhaustiva y eficaz” para esclarecer los hechos, algo que resulta constitucionalmente exigible en caso de denuncias por malos tratos bajo custodia o en el contexto de actuaciones de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En concreto, el recurrente denunció una serie de conductas que consideraba “degradantes” durante su estancia en el centro penitenciario, que habrían consistido en amenazas, insultos, represalias con horarios arbitrarios, convivencia con presos comunes, privaciones de comunicaciones íntimas y pérdida de enseres.

SOLICITUD REITERADA

El agente en prisión preventiva solicitó, reiteradamente y en todas las instancias judiciales, que se practicaran dos diligencias: la identificación completa de los funcionarios que presuntamente cometieron los malos tratos para, posteriormente, tomarles declaración; y la declaración de varios testigos de los supuestos malos tratos.

Por el contrario, ni el juez de instrucción ni la Audiencia Provincial de Las Palmas practicaron dichas diligencias. Es más, ninguno de los dos órganos judiciales motivó la razón por la que se consideraba que estas diligencias no eran oportunas para disipar cualquier sospecha de la existencia de trato degradante.

Debido a ello, el TC ha estimado que los órganos no llevaron a cabo una investigación exhaustiva y suficiente, y estima el amparo del recurrente por haberse vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos y degradantes.