La sentencia considera que este impuesto no supone una invasión por parte del Estado de las competencias autonómicas en materia fiscal y que el Gobierno central tiene potestad para legislar sin que sus normas se entiendan como una interferencia en las competencias de las comunidades autónomas.

El recurso de Ayuso criticaba la aprobación de esta norma a través de una enmienda incluida en un proyecto de ley ajeno a las leyes tributarias, lo que, en la práctica, impidió el debate parlamentario de la misma. Además, el Ejecutivo madrileño esgrimía que el nuevo tributo invade su autonomía política y financiera, además de vulnerar los principios de seguridad jurídica, capacidad económica y no confiscatoriedad.

La Comunidad de Madrid no es la única que ha recurrido esta norma, también lo han hecho las Andalucía y Galicia, que igualmente están gobernadas por el PP. Cabe recordar que, en Madrid, el Impuesto de Patrimonio está bonificado al 100% desde hace ya varios años. Andalucía se sumó a esta política en 2022, mientras que Galicia elevó este año la bonificación hasta el 50%, frente al 25% anterior.