Según informó este miércoles el Constitucional, su Pleno ha dictado una sentencia, la octava sobre esta norma, que desestima la impugnación del Gobierno gallego contra la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. La ponente ha sido la magistrada Laura Díez Bueso y la resolución cuenta con el voto particular de cinco miembros del Pleno.

En aplicación de la doctrina fijada en la sentencia 79/2024, los magistrados avalan el artículo 11.2 de la ley estatal, que atribuye a las administraciones territoriales la declaración del incumplimiento de los deberes asociados a la propiedad de la vivienda. A su juicio, este precepto está amparado por la competencia estatal para establecer las condiciones básicas "que garanticen la igualdad de los ciudadanos en el ejercicio del derecho a la vivienda".

Con la desestimación del recurso de la Xunta, el Constitucional da su último aval a la ley de vivienda, ya que con esta resolución el Pleno "culmina el examen de los ocho recursos de inconstitucionalidad" promovidos contra la norma. Así, mantiene en vigor todos los preceptos que la Administración gallega había llevado ante el tribunal de garantías por cuestiones de competencias, igualdad y propiedad.

"EJERCICIO LEGÍTIMO"

El Pleno rechaza también la impugnación del artículo 19.2, que permite que la administración territorial competente pueda concretar la definición de gran tenedor. Sostiene que esta regulación "está lejos de cercenar el desarrollo de una política autonómica en materia de vivienda" y, por lo tanto, "constituye un ejercicio legítimo de la competencia estatal" que atribuye al Estado la Carta Magna.

Con base en la sentencia 26/2025, el tribunal descarta que vulneren la Constitución varias previsiones de la ley por establecer un trato diferenciado para los grandes tenedores o por fijar ciertas limitaciones al derecho a la propiedad privada. Tampoco aprecia inconstitucionalidad en las especificidades previstas en los procedimientos judiciales, que, según la nota, "no menoscaban la tutela judicial efectiva de la ciudadanía".

Entre las cuestiones novedosas, el órgano de garantías avala la disposición final quinta, que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil, y la disposición transitoria tercera, ambas amparadas en la competencia del Estado sobre legislación procesal. Esta última condiciona la reanudación de los desahucios y lanzamientos suspendidos con arreglo al Real Decreto-ley 11/2020 al intento previo de conciliación o intermediación cuando la parte actora sea una gran tenedora.

CONCILIACIÓN ANTES DEL DESAHUCIO

Respecto a esta exigencia, el tribunal no aprecia vulneración del principio de igualdad. Considera que el estatus de los grandes tenedores en el mercado de vivienda residencial "constituye una razón que justifica de manera objetiva su sujeción a un régimen de reanudación de procedimientos más riguroso" que el aplicable al resto de propietarios que acuden a los juzgados.

La sentencia rechaza igualmente que la norma lesione los derechos a la tutela judicial efectiva y a la propiedad privada, ya que estima que la previsión recurrida "persigue unos fines constitucionalmente legítimos", entre ellos "la atención de las personas en situación de vulnerabilidad económica". Además, considera que no supone una carga "excesivamente onerosa", pues el requisito solo es exigible a los grandes tenedores.

El Pleno añade que esta exigencia "solo afecta a una categoría específica de procedimientos", que la situación de vulnerabilidad económica "ha sido previamente apreciada por el órgano judicial" y que la norma contiene "límites temporales que garantizan la reanudación del proceso". La sentencia cuenta con el voto particular de los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macías.