Ponsatí recurrió determinados autos dictados en el 2020 por Llarena que fueron confirmados por la sala penal del Supremo, y que avalaban el mantenimiento de las órdenes nacional, europea e internacional de detención decretadas en su día contra ella por el delito de sedición.

La inmunidad de Ponsatí como miembro del Parlamento europeo había quedado suspendida por una decisión de la Eurocámara de 9 de marzo de 2022. La exconsejera perdió finalmente su condición de eurodiputada al finalizar en junio la legislatura.

Una vez derogado el delito de sedición del Código Penal español, Clara Ponsatí solo estaba ya procesada por desobediencia, un delito que no conlleva penas de prisión, y decidió regresar a Cataluña en marzo del 2023. Fue arrestada y tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad.