En concreto, el exministro de Transportes recurrió la Resolución de la Mesa del Congreso comunicada por su presidenta, de fecha de 16 de enero de 2025, por la que resolvía que la función representativa del recurrente como diputado no se ha visto afectada por ser investigado por la Guardia Civil antes de haber sido solicitado y obtenido su suplicatorio.

El Tribunal Constitucional ha acordado no admitirlo a trámite dada la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo, condición para que el Tribunal pueda ejercer dicha tutela.