El Parlamento autonómico aprobó esta normativa el pasado mes de abril y el Gobierno presentó recuro de inconstitucionalidad contra la misma en septiembre, por considerar que vulnera la competencia estatal para la coordinación de la planificación general de la actividad económica y que ocasionará importantes perjuicios en los sectores turísticos de las islas.

La presentación del recurso provocó que el Constitucional decretara la suspensión de la ley y abriera un período de alegaciones, que fue aprovechado por el Gobierno y el Parlamento de Baleares para reclamar el levantamiento de la suspensión. El pleno del Alto Tribunal, tras estudiar las alegaciones de las partes personadas en el proceso, acordó el pasado día 15 levantar la suspensión, por lo que la ecotasa permanecerá vigente mientras el Constitucional dictamina sobre el recurso que presentó el Gobierno central.

Los jueces han tenido en cuenta la jurisprudencia existente y los graves perjuicios que para los intereses generales de la Hacienda de la comunidad autónoma tendría la merma de los ingresos previstos por el cobro de la ecotasa. Además, entienden que el abogado del Estado no ha presentado argumentos que demuestren la conveniencia de mantener la suspensión y recuerdan que la ley impugnada afecta a políticas sectoriales, como la medioambiental y la cultural, cuyas competencias recaen en la Administración autonómica.

La ecotasa se aplicará a los turistas que visitan las Islas Baleares, que deberán abonar entre 25 cétimos de euro y 2 euros diarios por este concepto, en función del tipo de establecimiento en el que se alojen. La recaudación que el Gobierno autonómico consiga con esta tasa se destinará a la remodelación y rehabilitación de zonas turísticas; la adquisión, recuperación, protección y gestión de recursos naturales; la defensa de los bienes que integran el patrimonio histórico y cultural y otras acciones encaminadas a proteger los ecosistemas y el medio ambiente del archipiélago.