La deliberación sobre estos recursos se producirá en uno de los próximos plenos que se convocarán antes de las vacaciones estivales, según indicaron las fuentes consultadas. En total, se presentaron conta la ley de amnistía 16 recursos y cuatro cuestiones de inconstitucionalidad, convirtiendo esta ley en la que más recursos ha recibido en la historia democrática.

En total, el Tribunal Constitucional empezó a decidir sobre todas esas cuestiones en junio de 2025, cuando el pleno resolvió el recurso del PP. El debate sobre la medida de gracia ha evidenciado la profunda división en el seno del tribunal de garantías que ha votado en bloques de seis magistrados progresistas, contra cuatro miembros conservadores.

Esa primera sentencia estableció que la ley de amnistía respondía a un fin legítimo, explícito y razonable, y descartó que se tratara de una autoamnistía. Su redacción fue la base de los siguientes pronunciamientos del TC. Sólo en el caso del recurso presentado por el Gobierno de Aragón se abordó la regulación del delito de malversación, avalando su constitucionalidad, pero sin anticipar un eventual fallo sobre los amparos presentados por el expresidente catalán Carles Puigdemont, y varios de sus exconsejeros.

Los recursos de amparo no serán abordados hasta que todos los de inconstitucionalidad estén resueltos. Tanto los condenados por el Tribunal Supremo (TS) como los procesados en rebeldía recurrieron al TC por entender que sus derechos fundamentales habían sido vulnerados a no ser aplicada la amnistía al delito de malversación.

El Constitucional no se pronunciará sobre esta cuestión hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tome una decisión sobre la norma. En noviembre pasado el abogado General del TJUE, Dean Spielmann, avaló la legalidad de la norma en sus conclusiones provisionales, lo que podría anticipar una sentencia favorable. En su opinión, los costes del proceso independentista no afectaron a los presupuestos europeos ni la aprobación de la norma supuso una “autoamnistía”.