El Partido Popular, una decena de los gobiernos autonómicos que controla el partido de Alberto Núñez Feijóo y el ejecutivo del socialista castellanomancheco Emiliano García Page, presentaron recursos contra la ley de amnistía. Todos ellos han sido rechazados por mayoría de los integrantes progresistas del TC. En esta deliberación se abstuvo el que fuera ministro de Justicia Juan Carlos Campo y quedó excluido el magistrado José María Macías.

Con ponencia de la magistrada María Luisa Segoviano, la nueva sentencia se agarra a los argumentos de pronunciamientos anteriores que avalan en esencia la letra y el espíritu de la ley de amnistía. Así, en junio posado, el TC ya estableció que la medida de gracia no está prohibida en la Constitución, que persigue una finalidad legítima y que no puede considerarse una "autoamnistía".

El tribunal de garantías sostiene que "el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente", descartando que la motivación política sea una cortapisa para su aprobación puesto que toda ley obedece a "criterios de oportunidad política". Y señala que el objetivo de la norma es lograr una “mayor paz ciudadana".

El TC sostiene que el hecho de que la Constitución no mencione la posibilidad de una ley de amnistía “no equivale a la prohibición”, por lo que impedir su aplicación sería tanto como limitar las “opciones legislativas” a la mayoría parlamentaria sin que haya una norma que lo permita en la Carta Magna, “lo que conllevaría la infracción del principio democrático".

Para despejar el horizonte de aplicación de la ley de amnistía queda por conocerse el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y la sentencia del Constitucional que se debe pronunciar sobre si el delito de malversación que el Tribunal Supremo se niega amnistiar, también debe ser perdonado.