La resolución del pasado martes de la presidenta del Congreso, Merixell Batet, quien redujo de mayoría de tres quintos a mayoría absoluta la necesaria para que los vocales de la comisión sean designados, permitió desbloquear la constitución de esta comisión, al impedir que el Grupo Popular pudiera seguir vetando el nombramiento de diputados de EH Bildu, la CUP, ERC y Junts per Catalunya.

Al término de la votación, que como es preceptivo en este caso se realizó en urna, fueron nombrados para la comisión de secretos los portavoces de todos los grupos parlamentarios (Héctor Gómez, Cuca Gamarra, Iván Espinosa de los Monteros, Pablo Echenique, Gabriel Rufián, Edmundo Bal, Aitor Esteban y Mertxe Aizpurua), y, por parte del Grupo Plural, la de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, y por el Mixto, el diputado de la CUP Albert Botran.

Gómez (PSOE) logró 280 votos, Gamarra (PP) 282, Espinosa de los Monteros (Vox) 270, Echenique (Unidas Podemos) 272, Rufián (ERC) 186, Bal (Ciudadanos) 276, Esteban (PNV) 275, Aizpurua (EH BIldu) 186, Nogueras (JxCat) 186 y Botran (CUP) 185. Además, se registraron seis votos en blanco, pero ninguno nulo.

El debate parlamentario previo a la votación comenzó con polémica cuando la primera en subir a la tribuna, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, anunció que su formación no participaría en la votación ni iba a presenciar un hito que describió como “demasiado humillante”.

Asimismo, lamentó que la “infamia” de esta semana del Gobierno es meter a EH Bildu y a los “señores de Puigdemont”, refiriéndose a Junts y la CUP, en esta comisión. “Les falta meter a Jack el Destripador en la Comisión”, añadió irónicamente.

Lo más controvertido fue, en todo caso, el intercambio entre la secretaria general del grupo parlamentario de Vox, Macarena Olona, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, cuando la primera, en tono encendido, llamó a la segunda “la Dolores Delgado del Congreso”, por su supuesta ruptura de la separación de poderes al cambiar la mayoría necesaria a instancias del Gobierno.

Con este eventual intento de calmar a los independentistas espiados con el programa Pegasus dándoles entrada en esta comisión, Olona interpretó que la presidenta del Congreso, al haber cambiado la mayoría necesaria para constituir la comisión de secretos, lo ha hecho “rindiendo esta Cámara” y “aniquilando la separación de poderes”.

Batet contestó a Olona sugiriéndola que, si no había “encontrado motivación” para hacer una intervención que respetara a la Cámara y al decoro, al menos “podía haber tenido un mínimo de decencia y no atacar a la única persona que no puede intervenir en el debate”: ella misma. La mayoría de los grupos parlamentarios se pusieron en pie para ovacionar esta respuesta.

Antes del rifirrafe con Batet, la dirigente de Vox comenzó su intervención leyendo con sorna un testimonio de etarras que denunciaron a policías que les detuvieron en casa y ”se orinaban encima sólo con tener delante a nuestros agentes”. Lo hacían, dijo, porque sabían que con ello se ponía fin a su trayectoria criminal.

Olona aseguró que, si a ella le espiase el CNI, sólo le preocuparían los mensajes coloquiales que le envían familiares, porque ella es “una política constitucionalista que cumple la ley”, no como quienes se saben culpables de atentar contra la seguridad nacional y la unidad de España. “No hay caso”, aseguró respecto al de espionaje a independentistas, dudando de la veracidad del mismo.

OTROS INTERVINIENTES

La secretaria general del grupo socialista en el Congreso, Rafaela Crespín, aclaró que se propuso la constitución de esta comisión para dar “más cumplimiento aún a la función de control al Gobierno”. “Somos los primeros interesados en que la vedad gane la partida, que la transparencia nos muestre las cosas como son y la democracia vuelva a salir de aquí más fuerte”, agregó.

Asimismo, durante su discurso, se dirigió a Arrimadas para decirle que a ella se le acaban los apoyos y los diputados, respondiendo así a las palabras de la líder de Ciudadanos en las que dijo que se le “acaba el repertorio” para definir la labor del Gobierno. “¿Podrían dejar de hacer campaña ya ante esa convocatoria electoral en Andalucía?”, le preguntó.

El diputado del Partido Popular José Antonio Bermúdez de Castro confirmó que su formación no votaría a favor de los candidatos de Bildu, Junts, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y la CUP, y advirtió de que exigirán al Gobierno que “esté vigilante” con la participación de los representantes de estos partidos en la comisión, a los que avisó de que podrían incurrir en delitos penales si no respetan su “confidencialidad”.

Bermúdez de Castro señaló que la modificación de la resolución para rebajar las mayorías necesarias para elegir a los miembros de la comisión es “un ejemplo más de la instrumentalización” que hace el Gobierno de las instituciones “con tal de permanecer en el poder”, y defendió su decisión de no votar a los miembros de Bildu, Junts, ERC y la CUP en el “ejercicio” de su libertad y siguiendo su “sentido de Estado”. Por último, acusó al Gobierno de “supeditar sus programas, promesas electorales y, a veces como hoy, sus principios”, por “seguir en el poder”. “Han puesto su propia supervivencia por encima de los intereses del Estado”, concluyó.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, afirmó que sólo decidió intervenir en el debate tras escuchar a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, a quien espetó: “ERC y Bildu tienen más sentido de Estado que ustedes”. Interpretó que Cs ha heredado el “marco mental” del PP según el cual las instituciones "les pertenecen a ellos”, lo atribuyó a que “Vox se ha convertido en el director de orquesta de las tres derechas” y le negó la condición de “liberal”, que sí reivindicó para él, porque a su juicio no lo es quien acepta que el Estado intervenga teléfonos, lo cual es “un atentado contra la democracia”.

Finalmente, por el Grupo Plural, el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, dijo que está bien que se constituya la comisión sin vetos, porque todos los diputados son “igual de legítimos”, y la derecha no es dueña de las instituciones ni del país. No obstante, alertó de que no acabará con la crisis derivada de la revelación del espionaje a los independentistas, y advirtió de que no suele preocupar la vigilancia hasta que el vigilado es uno mismo.