La organización atribuye esta situación a la falta de actualización de precios en los contratos públicos tras las últimas tensiones inflacionistas y advierte de que las constructoras siguen soportando importantes incrementos de costes.

Según CNC, el ritmo mensual de licitaciones desiertas se ha incrementado un 16% respecto al registrado tras el estallido de la guerra de Ucrania. En la actualidad, la media alcanza las 188 licitaciones desiertas al mes.

La patronal destaca además que los más de 707 millones de euros en obras no iniciadas durante el primer semestre equivalen al 80% del importe contabilizado en su anterior análisis, que abarcaba un periodo de doce meses y cifraba el impacto en 882,6 millones de euros.

Más de ocho de cada diez expedientes sin adjudicar, el 82% del total, corresponden a contratos con un presupuesto inferior a 500.000 euros. Sin embargo, el importe medio de las licitaciones desiertas se sitúa cerca de los 700.000 euros.

Entre los proyectos afectados figuran actuaciones de gran volumen económico, como una nave industrial en El Prat de Llobregat, la nueva Ciudad de la Justicia de Valladolid, con un presupuesto de 35 millones de euros, nuevos depósitos y conducciones de combustible en Cádiz, por 32 millones, o una promoción de viviendas protegidas en Las Palmas de Gran Canaria valorada en más de 29 millones.

El informe también identifica 1.877 procedimientos de contratación pública con escasa concurrencia, ya sea por ausencia de ofertas o por la presentación de un único licitador. De ellos, 747 registraron una sola oferta.

Por territorios, Andalucía concentra el mayor número de licitaciones desiertas, con 284 expedientes, seguida de Cataluña, con 199; Comunidad Valenciana, con 127; y Extremadura, con 106. Estas cuatro comunidades acumulan más del 63% de los casos detectados.

No obstante, por importe de las licitaciones desiertas, Cataluña es la primera comunidad, con 183,7 millones de euros, seguida de Cataluña (138,3 millones), Canarias (103,6 millones) y Comunidad Valenciana (51,5 millones).

La CNC reclamó al Gobierno modificar la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Desindexación para permitir mecanismos automáticos de revisión de precios que garanticen la viabilidad económica de las obras.

El presidente de la patronal, Pedro Fernández Alén, afirmó que la situación es "asfixiante" para numerosas constructoras, especialmente pequeñas y medianas empresas, y advirtió de que, sin medidas urgentes, seguirán quedando desiertas obras consideradas esenciales para mejorar las infraestructuras y aumentar la oferta de vivienda.