Así lo indicó en la rueda de prensa organizada por la patronal constructora para presentar un informe que recoge un diagnóstico sobre la aplicación de los Reales Decretos-ley y una batería de propuestas para “garantizar” su actividad en la que participó junto con el secretario general de la CNC, Mariano Sanz.

El presidente de la organización que representa tanto a grandes constructoras como ACS, Sacyr o FCC y pequeñas y medianas compañías del sector señaló que la respuesta del Gobierno al incremento de los costes de las materias primas “no ha funcionado” y “está empezando a haber retrasos en las obras”, se están “abandonando proyectos, produciéndose una parálisis del sector y el cierre de constructoras”.

Sanz detalló que el 99,8% de las empresas afectadas son pequeñas y medianas, ya que las normativas aprobadas están pensadas para una “una tipología de obra especialmente grande y de un plazo de ejecución especialmente amplio”.

Concretamente, Sanz denunció que la norma aplica a aquellas obras estuviesen “en ejecución” en el momento de entrada en vigor de los reales decretos con lo que se ha primado “a aquellas obras que han ralentizado su actividad a la espera de un contexto más favorable en los precios y se está perjudicando a aquellas que hicieron el esfuerzo por cumplir los plazos”.

No obstante, la mayor limitación denunciada por la CNC es que la duración de estas obras tenía que extenderse a lo largo de “todo 2021 y los primeros tres meses de 2022”, es decir, 15 meses. Según Sanz, de las 6.679 obras públicas licitadas en 2021 y 2022, 5.307 (79,5%) tienen una duración inferior.

En este sentido, apuntó que la exposición de motivos de los reales decretos podría plantear la presentación de contenciosos administrativos “con bastante garantía”. “La posibilidad está”, señaló Sanz al respecto de recurrir a la vía judicial.

Por otro lado, el secretario general de la CNC indicó que del cálculo de la revisión de precios se excluyen los incrementos de costes de la energía y de otros materiales que sean distintos a los materiales siderúrgicos, cobre y aluminio. Por todo ello, subrayó que “solo tienen alguna posibilidad de acogerse a la normativa” las obras ferroviarias, “algunas” obras de carretera y “excepcionalmente” alguna obra hidráulica y de edificación industrial.

Además, otras limitaciones denunciadas por la patronal son la no obligatoriedad por parte de las administraciones locales a acogerse a los reales decretos, aunque hayan sido adoptados por su comunidad autónoma o el silencio administrativo negativo del que, según CNC, “se están favoreciendo muchas administraciones”, ya que las empresas deben reclamar antes de que se aprueba la certificación final por el órgano contratante.

Los representantes de la patronal presentaron una batería de medidas para “pulir” la normativa en un tercer real decreto, entre cuyas peticiones se encuentran la aplicación en las obras comenzadas a partir del 1 de enero de 2021 y en ejecución durante ese año aunque la certificación final de las obras sea anterior a la entrada de la normativa, la aplicación del silencio administrativo positivo, la inclusión de más materiales y del coste de la energía, el permiso para prever la sustitución de materiales y la eliminación del valor máximo de compensación del 20% sobre el precio de adjudicación del contrato.

Asimismo, reclamaron la vinculación de las administraciones locales a la decisión de la comunidad autónoma y la inclusión de contratos de servicios, conservación y mantenimiento de infraestructuras.

Fernández detalló que comunidades autónomas como Galicia, Andalucía, Murcia, Aragón, Valencia, Extremadura y Cataluña están siendo “mucho más flexibles” en la aplicación de la normativa, ya que han introducido modificaciones. “Esas comunidades autónomas han tenido conciencia del problema con sus empresas locales, que son medianas”, explicó.