LOS CONSTRUCTORES PIDEN AL GOBIERNO QUE OFREZCA ALTERNATIVAS DE FINANCIACION A LOS AYUNTAMIENTOS PARA LIBERALIZAR EL SUELO

- Piden la creación de un documento que controle la fiscalidad de los subcontratistas en la nueva Ley Tributaria

MADRID
SERVIMEDIA

La patronal del sector de la construcción Seopan pidió hoy al Gobierno que "aborde decididamente" alternativas que convenzan a los ayuntamientos de la "necesidad" de poner en práctica medidas de liberalización del suelo e instó al Ejecutivo a que ofrezca medidas alternativas de financiación a las corporaciones locales para alcanzar este objetivo.

En rueda de prensa, el presidente de Seopan, Fernando Bilbao Esquerra, confió en que el pacto de suelo "sea un instrumento decuado" para reducir la subida de los precios de la vivienda, para lo cual "es necesario" que el Gobierno plantee otras fuentes de financiación "alternativas" a los ayuntamientos y conseguir así "que estos apliquen las medidas liberalizadoras necesarias".

A este respecto, explicó que, en los últimos 15 años, el precio medio del metro cuadrado construido para vivienda "ha subido un 284%", para alcanzar en 2002 un total de 1.218 euros, mientras que los costes de construcción "solo han crecido un 67%" e dicho periodo.

Asimismo, Bilbao criticó el Anteproyecto de Ley General Tributaria, al considerar que "los constructores vamos a tener que responder por infracciones que cometan terceros", en relación a la responsabilidad subsidiaría que tendrán los contratistas si las empresas subcontratadas cometen delito fiscal.

"El Gobierno tiene que analizar este punto con especial cuidado, ya que vamos a tener que responder por infracciones que cometan otros. En la actualidad existe mucha confusión en esta uestión y la Administración debe aclararla", declaró.

CONTROL FISCAL

En este sentido, el presidente de la patronal pidió la creación de un documento que "facilite el control fiscal de las compañías subcontratadas" y que sirva a las empresas constructoras para saber si los servicios subcontratados "están en orden y cumplen con Hacienda".

Además, Bilbao destacó, entre los aspectos que más preocupan al sector, la deuda pendiente de cobro que tienen contraídas las Administraciones Públicas con las onstructoras, que alcanzó a 31 de diciembre de 2002 el equivalente a 4 meses de producción (similar a 2001), mientras que en las comunidades autónomas y ayuntamientos el importe pendiente de cobro fue de 5,4 y 7 meses, respectivamente.

Finalmente, manifestó la necesidad de reducir la siniestralidad laboral en el sector y aplicar proyectos específicos para los inmigrantes que trabajan en la construcción, con el objeto de atender a sus necesidades de formación lingüística y profesional favoreciendo su iserción social.

(SERVIMEDIA)
17 Mar 2003
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