Así se anunció este miércoles en una comparecencia pública en la sede de la Organización Europea de Consumidores (BEUC) en Bruselas en la que participó el titular de Consumo, según precisó su gabinete en un comunicado.

En este caso, las compañías denunciadas por estas 16 asociaciones son Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian Airlines, Volotea, Transavia y Wizzair, por el cobro de “tarifas adicionales abusivas que vulneran la legislación europea y los derechos básicos de las personas consumidoras”, tal y como explicó BEUC.

Estas denuncias serán presentadas por las diferentes asociaciones ante sus respectivas autoridades nacionales de Consumo, exigiendo medidas a nivel estatal, CLCV y UFC Que Choisir en el caso de Francia, Verbraucherzentrale Bundesverband (Alemania), Consumentenbond (Países Bajos), ASUFIN, CECU y OCU (España), Test Achats / Test Aankoop (Bélgica), Cyprus Consumer Association (Chipre), DECO (Portugal), dTest (República Checa), EKPIZO y KEPKA (Grecia), Federacja Konsumentów (Polonia), Norwegian Consumer Council (Noruega), y Association for Consumer Rights (Malta).

DENUNCIA EUROPEA

Por otra parte, el BEUC ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Europea para que las autoridades comunitarias investiguen las tasas “abusivas” que cobran estas siete aerolíneas como la tarifa por transportar equipaje de mano en cabina, así como otras prácticas comerciales que se están llevando a cabo en toda la Unión Europea.

El BEUC también ha presentado esta denuncia ante la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores (CPC), un mecanismo que permite a las autoridades nacionales de consumo de los Estados miembro coordinar investigaciones y sanciones frente a prácticas comerciales “ilegales” transfronterizas.

Durante su intervención en esta comparecencia del BEUC, Pablo Bustinduy calificó como “una gran noticia” la iniciativa a nivel europeo e hizo hincapié en que “desde el principio” su departamento “insistió en que en España seríamos los primeros en actuar contra estos abusos en el sector aéreo, pero no los únicos en proteger los derechos de las personas consumidoras”.

El responsable de Consumo reivindicó que esta acción colectiva “lanza un mensaje claro: con la acción de las instituciones y de las organizaciones, no hay ni consumidores indefensos, ni multinacionales intocables”.

HACER VALER DERECHOS

El ministro aprovechó la ocasión para animar de nuevo a las personas que sufren “abusos” en el campo del consumo “a hacer valer sus derechos frente a los intereses económicos de las grandes multinacionales y apoyarse en las organizaciones de personas consumidoras”.

Las sanciones del Ministerio de Consumo de España y las denuncias del BEUC se fundamentan en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2014, que “prohíbe expresamente” a las aerolíneas imponer cargos adicionales por transportar equipaje de mano que cumpla con requisitos “razonables” de peso, dimensiones y seguridad, según especificó la cartera de Bustinduy.

El ministerio recordó que BEUC representa a 44 asociaciones de consumidores de 31 países europeos, incluidas las españolas, y su director general, Agustín Reyna, destacó la importancia que ha tenido en el ámbito europeo “el trabajo pionero” realizado en España por Pablo Bustinduy a través de los expedientes que ha abierto desde el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo para defender los derechos de las personas consumidoras en el sector aéreo.

Reyna afirmó que las sanciones interpuestas en España, por valor de 179 millones de euros, “han sido un ejemplo y una inspiración” para las organizaciones que trabajan para defender los derechos de las personas consumidoras a nivel europeo.

RESPUESTA CONJUNTA

El responsable de BEUC pidió, además, a los gobiernos de los demás Estados miembro que actúen en la línea de España para dar una respuesta conjunta a estos “abusos” empresariales.

En paralelo, también resaltó que, además del cobro por el equipo de mano, el ministerio español de Consumo incluyó en sus sanciones la puesta en marcha de otras prácticas “abusivas” como cobrar por reservar asientos al lado de menores o personas en situación de dependencia, prohibir el pago en metálico, cobrar por imprimir la tarjeta de embarque y “falta de claridad” en los precios.