Así lo anunciaron este jueves en un comunicado en el que precisaron que, entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, BEUC y las asociaciones de consumidores de 13 países denunciaron cerca de 900 anuncios sospechosos de infringir la legislación de la UE.

“De ellos, las plataformas solo retiraron el 27% de los anuncios a raíz de estas denuncias, mientras que el 52% de las denuncias fueron rechazadas o ignoradas. Esto significa que cientos de estafas financieras siguen activas, llegando a más de 200 millones de consumidores europeos cada mes y poniendo en riesgo nuevas pérdidas económicas y otros perjuicios”, alertaron.

La investigación llevada a cabo por las asociaciones de consumidores que pertenecen a BEUC revelaría, entre otras cuestiones, que determinados anunciantes publican “reiteradamente” contenidos “fraudulentos” en las plataformas de Meta, siendo baja la probabilidad de que dichas cuentas sean bloqueadas.

“Meta bloqueó solo 146 de las 503 denuncias de las asociaciones de consumidores participantes en la investigación. Más de 300 de los anunciados denunciados continúan publicados. Además, Meta recibiría ingresos de los anunciantes denunciados, aproximadamente el 10% de sus ingresos totales”, aseveraron.

TIKTOK

En TikTok, varios anunciantes “reinciden” en la publicación de estafa y el 40% de los anunciados reportados fueron “sencillamente ignorados”, según la investigación.

Además, esta plataforma “tampoco refleja interés alguno en esta materia en sus planes de seguridad, según reportó en 2025 en el informe sobre riesgos DSA”, señalaron las organizaciones españolas.

En este contexto, subrayaron que resultados “similares” se han observado en Google, donde, pese a la “reiteración” de anuncios “ilícitos” por ciertos anunciantes, incluso habiendo sido denunciados y Google supuestamente, haberlos retirado, ”la probabilidad de suspensión sigue siendo reducida”.

 Las asociaciones de consumidores instan a la Comisión Europea y a los coordinadores nacionales de servicios digitales (DSC) a investigar las medidas adoptadas por Meta, TikTok y Google para “mitigar” los “riesgos sistémicos” relacionados con las estafas financieras y a exigirles que cumplan con la Ley de Servicios Digitales.

INCUMPLIMIENTO CONTINUADO

“En caso de incumplimiento continuado, la Comisión debería imponer multas”, reivindicaron y, a este respecto, el director general de BEUC, Agustín Reyna, declaró que, en virtud de la Ley de Servicios Digitales, Meta, TikTok y Google “están obligadas a disponer de mecanismos eficaces para combatir los anuncios fraudulentos y reducir los riesgos para los consumidores”.

“Lamentablemente, nuestra investigación revela discrepancias alarmantes entre lo que estas plataformas afirman hacer y la realidad de lo que está ocurriendo. De hecho, Meta, TikTok y Google no solo no eliminan de forma proactiva los anuncios fraudulentos, sino que además hacen muy poco cuando se les notifica la existencia de tales estafas”, apostilló.

A su juicio, es “esencial exigir responsabilidades” a Meta, TikTok y Google. “Si no abordan las estafas financieras que circulan por sus plataformas, los estafadores seguirán llegando a millones de consumidores europeos a diario, lo que expone a las personas al riesgo de perder entre cientos y miles de euros a causa del fraude”, sentenció.

En la misma línea, el director general de CECU, David Sánchez, afirmó que las estafas online “no son casos aislados: son un problema sistémico que erosiona la confianza y la seguridad de las personas consumidoras en el entorno digital”. “El Reglamento de Servicios Digitales no es opcional. Exige a las plataformas identificar y mitigar riesgos sistémicos como las estafas financieras”, prosiguió.

BRECHA

“Sin embargo, la evidencia recopilada demuestra una brecha entre lo que las plataformas dicen hacer y lo que realmente ocurre en sus servicios. Es urgente que las autoridades actúen con firmeza. Sin una aplicación efectiva de la normativa, las plataformas no tendrán incentivos reales para cambiar sus prácticas", manifestó.

Por último, la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, puntualizó que las grandes corporaciones tecnológicas “tienen el deber imperativo de garantizar la seguridad de los usuarios y evitar que el fraude circule con impunidad a través las plataformas, cada vez más presentes en nuestro día a día”.

“No es esto lo que revela el informe elaborado por BEUC y buena parte de las asociaciones miembro que hemos participado en el mismo. La persistencia de anuncios de operadores fraudulentos que ofrecen esquemas Ponzi, piramidales, y falsas inversiones en estas redes demuestra una dejadez de funciones que no puede seguir siendo ignorada por nuestras autoridades reguladoras”, continuó.

Según su criterio, a pesar de contar con tecnología de inteligencia artificial capaz de detectar patrones de comportamiento, las plataformas “permiten además que anuncios de criptoactivos engañosos se difundan sin apenas filtros de seguridad. Esta permisividad no solo socava la confianza en el mercado digital, sino que convierte a los gigantes tecnológicos en facilitadores indirectos de una infraestructura delictiva que despoja a los ciudadanos de sus ahorros de toda la vida”, concluyó.

Ambas organizaciones señalaron que en España se da la circunstancia de que el organismo designado por el Gobierno para vigilar el cumplimiento de la DSA, como coordinador nacional de servicios digitales (DSC), es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), desde enero de 2024.

“Sin embargo, tras esta designación formal, no se ha aprobado una ley que habilite con competencias reales de supervisión, investigación y capacidad sancionadora al organismo. Esto es lo que permitiría a la CNMC tener poderes legales y concretos como acceder a datos y algoritmos, ordenar inspecciones y, lo más importante, imponer multas de hasta el 6% de la facturación global de las grandes plataformas”, resolvieron.

Por último, criticaron que España lleva dos años “incumpliendo” el plazo dado por Europa para habilitar una DSC española, ya que el Reglamento de Servicios Digitales se aprobó en julio de 2022, y el caso ya está en manos del Tribunal de Justicia de la UE.

CECU y Asufin han hecho llegar la denuncia a la CNMC, sobre la que “no va a poder actuar en consecuencia”, por lo que instan al Gobierno a resolver esta cuestión cuanto antes y cumplir con los plazos para que el país tenga ya una DSC con plenos poderes.