Lo hizo a través de un comunicado en el que explicó que la normativa en vigor establece que dicho teléfono “tiene que ser accesible a todos los consumidores” y que han de ser gratuitos (los números geográficos o de tarificación especial no son válidos, recordó el departamento dirigido por Alberto Garzón). Cabe recordar que las líneas gratuitas son aquellas que comienzan por los prefijos 800 o 900, denominados “servicios de cobro revertido automáticos”.

Consumo indicó que el transporte aéreo, al ser considerado un servicio básico de interés general, “obliga a que las empresas prestadoras tengan que disponer de un teléfono de atención al consumidor gratuito”.

Las sanciones previstas para este tipo de infracciones pueden alcanzar la consideración de leves o graves, y sancionarse con multas que oscilan entre 150 y 10.000 euros, en el caso de las leves, y entre 10.001 y 100.000 euros, en lo referido a las graves.

En el caso de que el “beneficio ilícito” obtenido a través de las prácticas denunciadas superara dichas cantidades, Consumo detalló que las sanciones podrían alcanzar entre dos y cuatro veces el importe del “beneficio ilícito”, para las infracciones leves, y entre cuatro y seis veces del mismo, para las graves.

La incoación de estos expedientes sancionadores por parte de Consumo se suma a los que abrió la semana pasada a varias aerolíneas de bajo coste por cobrar por el equipaje de mano transportado en cabina y a la apertura de otro a un festival de música por prohibir el acceso con comida y bebida de forma arbitraria.