El acuerdo establece un marco de colaboración orientado a compartir herramientas y procedimientos de captación, explotación y análisis de datos, así como bases de datos generadas por ambas instituciones en el ejercicio de sus respectivas actividades de investigación, según precisó este miércoles el gabinete de Pablo Bustinduy en un comunicado.

El objetivo es reforzar el conocimiento sobre el mercado de la vivienda y, de forma específica, sobre las relaciones comerciales en el ámbito de la intermediación del alquiler y la compra de vivienda.

Esta colaboración se iniciará con la Serie de Vivienda, Consumo y Desigualdad, con un estudio que será publicado en los próximos días.

Esta colaboración permitirá a ambas instituciones elaborar informes analíticos, estratégicos y de apoyo al desarrollo de sus funciones, así como cooperar en el uso e intercambio de herramientas, datos, informes y otros materiales relevantes para trabajos de investigación en materias de interés común.

El protocolo también prevé actuaciones conjuntas en evaluación de políticas públicas, formación y fortalecimiento de capacidades técnicas y analíticas.

Asimismo, el texto contempla la posibilidad de publicar estudios e informes conjuntos y de celebrar actividades y eventos públicos para difundir los resultados de las investigaciones desarrolladas en este marco.

ACTUACIONES ESPECÍFICAS

El ministerio aseveró que la firma de este protocolo supone un “paso adelante” en la cooperación entre el ministerio y el principal organismo público de investigación del país para mejorar la base empírica con la que las instituciones públicas analizan el mercado inmobiliario.

“En un contexto en el que el acceso a la vivienda constituye una de las principales preocupaciones sociales, reforzar la capacidad pública de estudio, seguimiento y evaluación resulta esencial para entender mejor el funcionamiento del sector y orientar con mayor solidez las políticas públicas de protección social y específicamente de las personas consumidoras”, abundó.

El acuerdo firmado tendrá una vigencia inicial de un año y podrá prorrogarse expresamente.

El protocolo tiene naturaleza administrativa y constituye una declaración de intenciones y de colaboración entre ambas partes. No implica por sí mismo compromisos económicos ni obligaciones jurídicas directamente exigibles.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 reivindicó que refuerza su apuesta por dotar a las instituciones públicas de más capacidad de análisis, más conocimiento y mejores herramientas para comprender las dinámicas del mercado de la vivienda y contribuir, desde el ámbito de sus competencias, a “una mayor transparencia y a una mejor protección del interés general”.