Así lo reivindicó este miércoles el gabinete de Pablo Bustinduy en un comunicado en el que precisó que ha elaborado un informe en el que se “constata” que el tope a los precios en las situaciones de emergencia es “una medida eficaz y, por lo tanto, necesaria para que los precios se contengan en distintas situaciones de emergencia”.

Consumo ha llevado a cabo una vigilancia de mercado desde el 18 de febrero hasta el día de hoy, mientras ha estado en marcha este mecanismo y ha constatado que no se han apreciado incrementos de precios “fuera de los rangos previstos en la normativa”.

En particular, tras el análisis de los rangos de precios y de las fluctuaciones del fin de semana, “no se han comprobado indicios de superación del límite de la tarifa máxima permitida”.

El pasado 10 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó un Real decreto-ley para poder topar precios y evitar abusos a los consumidores en situaciones de emergencia y, una semana después, el 18 de febrero, el Gobierno de España procedió a la intervención temporal de los precios de los servicios de alojamiento en 14 municipios de Andalucía y Extremadura, una medida excepcional amparada en esa normativa de respuesta ante situaciones de catástrofe.

ENCARECIMIENTO ESPECULATIVO

Esta resolución, motivada por los efectos de la borrasca Leonardo, tenía como objetivo fundamental prevenir el encarecimiento especulativo de los hospedajes en localidades como Grazalema, Jerez o Ronda, donde el desplazamiento de familias y el retorno de la actividad turística podrían generar “distorsiones” en el mercado.

Una semana después, este informe de Consumo “confirma” que la norma “ha funcionado” y se ha “garantizado” que el acceso a servicios básicos de alojamiento no se haya visto “comprometido por los algoritmos” de las plataformas digitales ante incrementos “súbitos” de la demanda en zonas con poblaciones vulnerables o desalojadas.

El informe identifica esta norma como una herramienta “eficaz” para “frenar” las subidas automáticas de precios en las grandes plataformas de reserva online, especialmente en contextos en los que los sistemas de precios dinámicos automatizados pueden reaccionar al alza ante picos de demanda, según Consumo.

El Gobierno ha actuado basándose en experiencias previas, como las ocurridas tras el accidente de Adamuz, donde se registraron incrementos “significativos” tanto en servicios de alojamiento como en alternativas de transporte al tren comercializadas a través de canales digitales, según el ministerio.

INCREMENTO NO JUSTIFICADO

Con esta medida se garantiza que la tecnología no se traduzca en incrementos de precios “no justificados durante” una situación de emergencia.

“Solo en el último año se han dado varias situaciones similares, como las denuncias por el aumento del precio de los VTC en el apagón del 28 de abril o las del incremento de precios de los vuelos a Galicia durante la oleada de incendios que sacudieron la comunidad el pasado verano”, abundó el departamento que dirige Bustinduy.

Según Consumo, en esta semana no se ha hecho ninguna reclamación formal ni se han notificado incidencias por posibles incumplimientos de la norma ni al ministerio ni a ninguna de las instituciones competentes, autonómicas y locales, con las que se ha estado “en constante comunicación y coordinación”.

Esta ausencia de quejas oficiales, subraya el informe, constata lo observado en la vigilancia de mercado y apunta al “compromiso” de los operadores del sector con la “estabilidad de los precios durante el periodo de emergencia”.

En este contexto, Bustinduy quiso destacar además el comportamiento de los establecimientos hoteleros que se pusieron al servicio y ayudaron a sus vecinos. “Han demostrado que la solidaridad no es una palabra vacía, sino un compromiso real que se activa cuando más se necesita. También han mostrado un contraste evidente con determinadas plataformas que, tras los llamados precios dinámicos, solo intentan convertir las emergencias en otra oportunidad de negocio”, lamentó.

DERECHO A REEMBOLSO

En todo caso, el informe recuerda que cualquier persona que haya pagado un precio por encima de los límites legales establecidos en esta normativa tiene derecho a que se le devuelva la diferencia de forma íntegra. Además, se puede solicitar el reembolso directamente en el propio establecimiento.

En el caso de que el local comercial se niegue a realizar el abono, la persona afectada puede presentar una reclamación oficial ante las autoridades de Consumo.

Por último, en relación a la votación este jueves en el Congreso de la convalidación de la norma, el ministro preguntó a los grupos si “alguien quiere hacerse responsable de nuevos abusos en este tipo de situaciones”. “La medida de tope de precios temporal en situaciones extraordinarias aprobada por este Gobierno y que tiene que ser ratificada esta semana en el Congreso, no beneficia a ningún partido, pero sí protege a nuestros vecinos y vecinas cuando, y ojalá no vuelva a ocurrir, llega lo inesperado”, resolvió.