Así lo anunció este miércoles el secretario general de Consumo y Juego, Rafael Escudero, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados para informar sobre el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, que consigna un total de 16 millones de euros a dicha Secretaría, 14 destinados a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan).

Con respecto a los “principales” expedientes legislativos que, en materia de consumo, España “liderará” junto con la Comisión Europea en el transcurso de su presidencia rotatoria, Escudero mencionó la directiva de empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica, que persigue “evitar” prácticas de obsolescencia programada o las relacionadas con lavado verde que, a su entender, “tanto preocupan a la Comisión”.

“Aunque los tiempos no son fácilmente previsibles, es probable que la aprobación de esta directiva caiga bajo la presidencia española”, sentenció, para avanzar que el gabinete de Alberto Garzón también “liderará” la adopción de la nueva directiva sobre consumo sostenible y el derecho a la reparación, a través de la modificación de la directiva sobre compraventa de bienes.

Por su parte, con el reto de la adaptación a la era digital, durante su presidencia rotatoria también se abordarán materias como la responsabilidad por daños, incluyendo inteligencia artificial, o la resolución alternativa de litigios en materia de consumo en el ámbito digital y, en el paquete normativo sobre un mercado interior “más resiliente”, a lo largo del próximo ejercicio en Europa se realizará la revisión de la Directiva de viajes combinados con el objeto de garantizar los derechos del consumidor.

Con relación a la información alimentaria, se contempla la modificación del reglamento 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, en torno a asuntos como perfiles nutricionales, etiquetado nutricional y fechas de caducidad o consumo preferente, y la del reglamento 1924/2006, relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables de los alimentos.

“En toda la tramitación de estos expedientes, así como en las negociaciones con los Estados miembro y las instituciones europeas, se va a garantizar el liderazgo de las autoridades españolas a la hora de llegar a fórmulas de consenso que permitan avanzar en los derechos de las personas consumidoras en el ámbito de la Unión Europea”, sentenció.

REUNIONES DE ALTO NIVEL

Además del “impulso” a estos expedientes legislativos, el Ministerio de Consumo también “organizará e impulsará” las reuniones de alto nivel asignadas siempre a las presidencias rotatorias del Consejo y, en este sentido, prevé la organización de un foro Eurolatinoamericano de autoridades de consumo, a iniciativa del Gobierno de España, y también la reunión informal de ministros de este área que se realiza durante todos los semestres en la presidencia del país de turno.

“Es una gran oportunidad que permitirá impulsar estrategias de fortalecimiento del marco comunitario para mejorar la vida de la ciudadanía europea en un contexto de enorme incertidumbre”, dijo, convencido de que el “papel” de España en las iniciativas de “mejora” de los derechos de los consumidores y usuarios es “clave, seguido y felicitado por las instituciones europeas”.

El departamento de Garzón dispondrá el próximo año de un presupuesto superior a 63 millones de euros, cifra que implica un incremento superior al 11% respecto al de 2022, y cuya dotación se verá incrementada en 5,75 millones de euros con los fondos asignados a través del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por lo que el montante total asciende a 69,44 millones.

Tras puntualizar que el departamento de Alberto Garzón ha “cumplido” el 60% de las iniciativas recogidas en materia de consumo en el acuerdo del Gobierno de coalición, Escudero avanzó que las “líneas principales” de trabajo para el próximo ejercicio serán “evitar fraudes” que puedan “afectar” a toda España o “involucrar” a diferentes países de la UE, así como “continuar garantizando los altísimos niveles de seguridad alimentaria” de los que, a su entender, goza España, además de “evitar o intentar remediar los efectos de prácticas de juego peligroso”.

Junto al esfuerzo presupuestario destinado a la presidencia rotatoria de España, Escudero también citó el dedicado a “reforzar” la protección de los derechos de los consumidores a través de la nueva Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador, que juzgó “un avance histórico” y que contará “de entrada” con 13 trabajadores.

Como “líneas básicas” para Consumo en 2023 citó también el impulso normativo en materias como accesibilidad universal en etiquetado de productos, publicidad de alimentos y bebidas dirigida al público infantil, establecimiento de criterios básicos de alimentación saludable y sostenible en comedores escolares, compra pública de alimentos en la Administración General del Estado, regulación de cajas botín, registro de asociaciones de consumidores y refuerzo del sistema arbitral de consumo.