Así lo anunció el gabinete dirigido por Pablo Bustinduy en un comunicado en el que precisó que la información ha sido obtenida por la Unidad de Análisis de Consumo, que ya en el mes de marzo advirtió al alcalde Martínez Almeida de que solo en la ciudad de Madrid se anuncian en las diferentes plataformas más de 15.000 alojamientos turísticos ilegales.

En aquel momento, Consumo trasladó al Ayuntamiento que en Madrid había más de 15.000 alojamientos turísticos operando sin licencia, en concreto 15.204, y los datos del ministerio reflejaron que en la ciudad de Madrid se anunciaban un total de 16.335 pisos turísticos, dato que contrastaba con las cifras oficiales ofrecidas por el consistorio, que señalan que únicamente están concedidas 1.131 licencias para este tipo de negocio.

En aquella comunicación, el Ministerio de Consumo también facilitó al ayuntamiento las direcciones postales de un total de 1.218 pisos turísticos ilegales y ahora el departamento que dirige Pablo Bustinduy da un paso más y aporta los datos postales de otros 2.347 pisos turísticos ilegales.

En total, Consumo ha entregado al Ayuntamiento de Madrid las direcciones de 3.565 alojamientos turísticos ilegales para que el consistorio pueda “actuar inmediatamente, clausurar los alojamientos y, en su caso, abrir expedientes sancionadores en base a sus competencias”.

INCUMPLEN LA NORMATIVA

Según puntualizó la cartera que dirige Pablo Bustinduy, estos alojamientos están “incumpliendo” la normativa urbanística de la ciudad de Madrid, por lo que es el ayuntamiento “la autoridad competente para su inspección y cierre”.

Cada uno de estos pisos turísticos ilegales va acompañado, además, de su anuncio en una de las diferentes plataformas dedicadas a su alquiler, por lo que se “demuestra que actualmente están operativos”.

El archivo digital remitido por la Secretaría General de Consumo y Juego va acompañado de una carta firmada por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la que señala que el objetivo de este envío es “facilitar la labor de inspección y sanción” del consistorio y “contribuir a recuperar vivienda para el uso residencial para la ciudadanía”.

“Con el ánimo de seguir colaborando con las administraciones competentes en esta materia y ante el persistente problema que afronta la ciudad de Madrid, con más de 15.000 viviendas de uso turístico ilegales operando, desde el ministerio les remitimos nueva información que consideramos que les puede ser de máxima utilidad si pretenden hacer frente a esta situación”, señala la misiva firmada por el ministro.

ENFRENTAR SU PROLIFERACIÓN

Esta acción del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se enmarca en el conjunto de actuaciones que se están llevando a cabo para “enfrentar” la “proliferación” de pisos turísticos ilegales y “atajar el problema de la vivienda en España. Entre ellas se encuentra la retirada por parte de Booking de más de 4.000 anuncios ilegales de pisos turísticos tras un requerimiento de Consumo y el bloqueo impuesto a Airbnb de más de 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos, que fue recientemente avalado en un primer auto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Además, el Ministerio de Consumo mantiene abierto un expediente sancionador a una plataforma de alquiler de pisos turísticos por no retirar publicidad ilícita; otro expediente sancionador a grandes gestoras por “potenciales prácticas engañosas”, así como dos expedientes sancionadores a sendas inmobiliarias por “prácticas abusivas” en la gestión del alquiler.

En este contexto, Consumo reclama al Ayuntamiento de Madrid “voluntad política y una actuación decidida”, siguiendo “ejemplos” como el del Ayuntamiento de Barcelona, que durante el mandato de Ada Colau consiguió cerrar 7.000 pisos turísticos ilegales y recuperar 3.000 para el mercado de vivienda habitual.

En esta línea, el ministerio reitera el “compromiso” de colaborar “con cuantas administraciones sea necesario” y de “llevar a cabo cuantas actuaciones sean pertinentes”, en el ámbito de sus competencias, para “garantizar el cumplimiento de la legalidad y remover los obstáculos para el ejercicio efectivo del derecho constitucional a la vivienda que asiste a la ciudadanía de nuestro país”.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el titular de Consumo hizo referencia a la entrega al Ayuntamiento de Madrid de la dirección de 3.565 pisos turísticos ilegales "para que los cierren e impongan las sanciones correspondientes". "El alcalde Almeida tiene las competencias para ello. Ahora tiene también la información. No caben más excusas", sentenció.