Así lo avanzó este lunes el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en una entrevista en TVE recogida por Servimedia y en la que, tras conocerse que algunas compañías aéreas han inflado sus precios a raíz del siniestro de Adamuz, urgió a “preguntarse” si dichas empresas “tienen un coste mayor de explotación de esas líneas ahora” o si “hay algún factor que haya determinado que sus costes hayan subido”.

“No, lo que están aprovechando es una situación en la que se ha restringido la oferta porque no están funcionando los trenes y entonces pueden cargar el precio que quieran”, lamentó, al tiempo que recordó que “esto ya pasó con los incendios el verano pasado y ha generado una indignación absoluta”.

A este respecto, indicó que, en este contexto, su gabinete se ha “puesto a trabajar” y ha “terminado ya” una propuesta de modificación legislativa cuyo objetivo es “asegurar que esto no pueda pasar" y que, "con una situación de emergencia”, sea posible “establecer un tope en los precios de los transportes alternativos que corresponda al precio medio que tuvieron esos transportes en el mes anterior a que sucediera este acontecimiento”.

Todo ello, con el fin de “asegurar que nadie pueda lucrarse de manera extraordinaria con una situación de emergencia o de necesidad que nos afecte” como “consecuencia” de situaciones entre las que citó incendios o un accidente como el de Adamuz.

MEDIDA LISTA

“La medida está lista, la tienen nuestros compañeros de Economía y en Presidencia para el Consejo de Ministros y, en cuanto tenga su okay, la llevaremos”, adelantó, al tiempo que puntualizó que el “trabajo” de su ministerio “ya está hecho” y que la iniciativa se incluirá en el orden del día del Consejo de Ministros “en cuanto se pueda meter”.

En la misma línea, Bustinduy aseveró que, con ella “se trata de evitar” ese posible abuso y, frente a quienes esgrimen que “es principio del mercado”, manifestó que “para esto sirve la política también, para regular el funcionamiento de las actividades económicas”.

“Porque no parece que esté bien que alguien pueda lucrarse de manera desmedida con una situación en la que está en juego la necesidad de un montón de gente que no tiene otra alternativa”, apostilló, al tiempo que deslizó que “esto pasó con los aviones, pero ha pasado también con los coches de alquiler. "Incluso en aplicaciones de viajes compartidos, que, aprovechando la situación de necesidad que vive una persona, parece que pueden subir el precio todo lo que quieran y que viajen solo los que puedan pagárselo”, afeó.

En este sentido, se preguntó “y quienes no, qué hacen”, convencido de que una sociedad “tiene que garantizar que haya un mínimo de reglas de juego” que permitan “garantizar que todos los ciudadanos puedan llevar adelante una vida en condiciones mínimas de igualdad, de dignidad y que estemos unos por los otros”. “No que sea la ley de la selva, la ley del más fuerte”, resolvió.