Según informó el departamento que dirige Pablo Bustinduy, esta decisión es consecuencia de una investigación que ha permitido recopilar decenas de anuncios de alojamientos vacacionales que se ubican en esos territorios.

En concreto, ha detectado 138 anuncios de alojamientos turísticos en siete plataformas de intermediación que ofertan estos servicios en España. En consecuencia, se ha enviado un primer

requerimiento a estas multinacionales para informarles que ha sido detectado contenido ilícito en sus plataformas, relativo a comunicaciones comerciales sobre alojamientos radicados en territorios palestinos ocupados por Israel, y se les ha instado a su inmediata retirada o bloqueo.

El Ministerio advirtió de que, si estas multinacionales no retiran en España dichos anuncios, podrían enfrentarse a posteriores actuaciones y sanciones.

Este requerimiento se enmarca en el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. En concreto se apoya en su artículo 4, donde se establece que la publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado y de servicios prestados en dichos

asentamientos tendrá la consideración de publicidad ilícita.

Los anuncios identificados son de alojamientos ubicados en las localidades de más de 200 códigos postales correspondientes a los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado que se han publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado.

El Ministerio recordó que el Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno "responde a la necesidad de adoptar medidas que contribuyan a aliviar el sufrimiento de la población palestina en los territorios atacados por Israel". Además, según la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio de 2024, las violaciones cometidas por Israel en el territorio palestino ocupado tienen consecuencias jurídicas para el resto de los estados de la comunidad internacional.

La Corte concluyó que los Estados tienen la obligación de "tomar medidas para impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de

la situación ilegal creada por Israel en el territorio palestino ocupado".

Por ello, el equipo de Bustinduy considera que los alojamientos detectados "contribuyen a la normalización y perpetuación de un régimen colonial considerado ilegal bajo el derecho internacional". Además, en noviembre de 2025, la Association of Jurists for the Respect of International Law (JURDI) presentó una demanda en Francia contra un famoso servicio de

intermediación de alquiler turístico por listar propiedades en asentamientos israelíes de la Cisjordania ocupada.

Amnistía Internacional y otras ONG han denunciado públicamente a distintas plataformas por ofertar este tipo de alojamientos turísticos en territorio palestino.