Así lo anunció el gabinete dirigido por Pablo Bustinduy en un comunicado en el que precisó que el importe final para la financiación de estas subvenciones es de 3.047.529,91 euros procedentes de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2025.

De esta cifra, se destina un importe de 2.330.963,00 euros a programas para fomentar la actividad asociativa, con el objetivo de asegurar que las organizaciones beneficiarias cuenten con estructuras “sólidas” que les permitan realizar “con eficacia” las funciones de representación, no solo de sus asociados, sino de los “intereses generales de los consumidores y usuarios de todo el país”.

El importe restante, 716.566,91 euros, se destina a programas “específicos” de las asociaciones beneficiarias, es decir, actuaciones concretas de información, defensa y protección de los derechos e intereses de consumidores y usuarios.

CONTROL Y JUSTIFICACIÓN

En paralelo a la publicación de estas subvenciones, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 realizará una auditoría pública como parte del proceso de “control y justificación” de las subvenciones concedidas, tal y como, recordó, “prevé la Ley General de Subvenciones”.

“En este caso concreto, este control se llevará a cabo por la Dirección General de Consumo, proponente de las ayudas concedidas”, abundó, al tiempo que indicó que esta auditoría se suma a los controles “habituales” de la administración y que tienen la finalidad de justificar la información presentada, así como la ejecución “efectiva” de los proyectos subvencionados.

En este sentido, destacó que el uso de las declaraciones responsables para acreditar la actividad de cada organización supone un instrumento jurídico para certificar dicha información.

“Asimismo, la ley también contempla que la administración ponga en marcha este tipo de medidas para garantizar un proceso de control y justificación de las subvenciones”, resolvió.