El documento explica que esta desigualdad ambiental se traduce en lo que denomina una “triple vulnerabilidad”. En muchas ciudades, los barrios con menor renta suelen situarse cerca de grandes vías de tráfico o zonas con mayor carga contaminante, donde las concentraciones de polución pueden llegar a ser hasta un tercio más altas. A esta mayor exposición se suman otros factores sociales que amplifican los riesgos para la salud. Las condiciones de vivienda, el tipo de empleo o el acceso a servicios sanitarios influyen en la capacidad de las personas para protegerse de la contaminación o reducir su exposición, según Salud por Derecho.

“La contaminación no es solo un problema ambiental, es una cuestión de salud pública y de justicia social”, afirmó el autor del informe y responsable de Incidencia Política de Salud por Derecho, Adrián Alonso. “Las ciudades pueden reducir emisiones y mejorar el bienestar de la población si las políticas se diseñan teniendo en cuenta a las personas que están más expuestas”, añadió.

La mala calidad del aire es uno de los principales riesgos ambientales para la salud en Europa. Cada año provoca más de 253.000 muertes prematuras en la Unión Europea (UE) y reduce la esperanza de vida hasta en dos años. Además, el 97 % de la población urbana respira aire con niveles de partículas finas superiores a los recomendados para proteger la salud, detalla el informe.

El impacto también tiene una dimensión económica. La contaminación del aire "supone un coste medio de más de 1.200 euros al año por habitante en las ciudades europeas, debido a gastos sanitarios, pérdida de productividad y otros efectos asociados".

La exposición prolongada a contaminantes como las partículas finas o el dióxido de nitrógeno se relaciona con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y metabólicas, así como con problemas en el desarrollo infantil, mayor riesgo de prematuridad y efectos sobre la salud mental, según esta entidad.

Salud por Derecho es una organización no gubernamental española que trabaja "para promover el derecho a la salud como un derecho humano, impulsando políticas públicas más justas en ámbitos como el acceso a medicamentos, la salud global y la reducción de desigualdades sanitarias". A través de informes, análisis y trabajo de incidencia política, busca "influir en gobiernos e instituciones nacionales e internacionales para mejorar la equidad en los sistemas de salud".

REPENSAR LAS CIUDADES

El informe subraya que "la contaminación del aire y el cambio climático están estrechamente vinculados, ya que comparten causas y también soluciones". La quema de combustibles fósiles en el transporte, la generación de energía y la industria está en el origen de ambos problemas. En las ciudades, "el tráfico motorizado es la principal fuente de emisiones contaminantes". Aunque los vehículos de mercancías y transporte de personas representan "solo alrededor del 13 % de la flota, son responsables del 51 % de las emisiones de óxidos de nitrógeno en la UE".

Las calles escolares sin tráfico han logrado reducciones de entre el 23 % y el 33 % en los niveles de dióxido de nitrógeno en entornos cercanos a centros educativos. Además, el Instituto de Salud Global de Barcelona estimó que "la implantación completa del modelo de supermanzanas en Barcelona podría evitar hasta 667 muertes prematuras al año gracias a la reducción de contaminación, ruido y calor urbano".

El informe advierte, no obstante, de que "centrar la solución únicamente en sustituir coches de combustión por eléctricos es insuficiente". Aunque eliminan las emisiones del tubo de escape, no resuelven otros problemas asociados al modelo actual de movilidad urbana. “Un atasco de coches eléctricos sigue siendo un atasco”, señala el documento, que recuerda que "estos vehículos también ocupan espacio urbano, generan partículas por el desgaste de frenos y neumáticos y mantienen la congestión en las ciudades".

REDUCIR EMISIONES SIN AMPLIAR LAS DESIGUALDADES

Por ello, el informe sostiene que la prioridad "debe ser reducir la dependencia del coche privado y recuperar espacio urbano para las personas". Para lograrlo, plantea "reforzar el transporte público, facilitar los desplazamientos a pie o en bicicleta y renaturalizar el espacio público". Estas alternativas, además de reducir emisiones, tienen beneficios directos para la salud, ya que fomentan la actividad física y ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares y otras patologías crónicas, afirma el texto.

El documento también advierte de que las políticas climáticas y urbanas pueden generar efectos no deseados si no se diseñan teniendo en cuenta la equidad social. Algunas intervenciones destinadas a mejorar el entorno urbano pueden provocar procesos de encarecimiento de la vivienda y desplazamiento de residentes vulnerables.

Para evitarlo, Salud por Derecho defiende en su análisis que las políticas de movilidad y urbanismo incorporen alternativas de transporte "asequibles y accesibles para toda la población" y garanticen que "los beneficios de las mejoras ambientales se distribuyan de forma equitativa". Según este estudio, diseñar las ciudades con criterios de salud y equidad permite que "las políticas de reducción de emisiones mejoren también la calidad de vida" y contribuyan a "reducir las brechas sociales".