Estas bonificaciones están pensadas para estimular la contratación de personas con problemas de marginalidad, drogadictos en proceso de rehabilitación, reclusos en régimen abierto, ex reclusos, etcétera.

Hasta el mes de octubre este programa ha tenido un coste de 170 milones de pesetas en bonificaciones. En su mayoría, los contratos han sido suscritos por entidades sin ánimo de lucro o de carácter social.

El Gobierno advierte de que existe un desfase entre las cifras de contratación citadas y las que aparecen en otras estadísticas que recogen 893 contratos, debido a que algunos presentaron en el momento de su suscripción algún defecto de forma o no fueron contabilizados en esta modalidad de contratación.