Estas ayudas son las primeras que se rigen por la modificación de las bases reguladoras aprobada en abril. Dicha modificación generó polémica porque introdujo nuevos requisitos para las entidades solicitantes como que incluyan, entre sus fines y objetivos recogidos en sus estatutos, o que acrediten fehacientemente, la prevención y erradicación de la violencia sexual contra las mujeres, incluidas la prostitución, la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual.

Así pues, las ayudas están dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro con implantación estatal o supraautonómica, que trabajen en la atención, protección o prevención de la explotación sexual y la violencia contra las mujeres, según recoge la publicación de la convocatoria en el BOE.

Los proyectos financiados deberán centrarse en la atención integral a las víctimas, incluyendo asistencia psicológica, sanitaria, jurídica y social, así como inserción laboral y acciones de detección y prevención. Se priorizará la atención a colectivos especialmente vulnerables, como menores, mujeres migrantes en situación irregular o víctimas con discapacidad o problemas de salud mental.

El presupuesto total de esta convocatoria asciende a los citados 13 millones de euros, y las ayudas se repartirán según criterios de valoración establecidos en la convocatoria.

El texto del BOE enuncia que las solicitudes deberán presentarse de forma electrónica en un plazo de 15 días hábiles desde la publicación en el BOE -este martes-, y cada entidad solo podrá presentar un proyecto.