Asimismo, Morant explicó que los proyectos que se financien “tendrán una duración de tres o cuatro años y están orientados a avanzar en la frontera del conocimiento y también en resolver problemas concretos que ya tiene la sociedad”. Además, los trabajos elegidos recibirán, en promedio, una financiación un 35% superior a la que recibieron en el 2018.

Igualmente, la ministra detalló que con estos 655 millones se cofinanciarán, junto con el Fondo Social Europeo Plus, 1.069 contratos predoctorales. Esto se enmarca en “el apoyo a los investigadores en las primeras etapas, que son las más vulnerables y, así, se acelera la incorporación del talento a grupos de investigación”, especificó Morant.

También, otro objetivo de esta convocatoria es “dignificar las condiciones laborales de los jóvenes investigadores”, dijo Morant, ya que en los dos últimos años se aumentó el salario de los investigadores predoctorales en formación más de un 15%.

Al mismo tiempo, la ministra destacó que “más de 300 millones de euros de esta convocatoria irán a las universidades públicas, puesto que el 70% de la investigación que se hace en España se hace en las universidades y, además, el 95% de esta se lleva a cabo en la universidad pública”. Por ello, “tiene mucha importancia el apoyo al sistema universitario”, recalcó.

Del mismo modo, Morant anunció la puesta en marcha, en el seno de la AEI, el programa Agiliza, cuyo objetivo es reducir la burocracia a los investigadores durante el desarrollo de su trabajo.

Con ello, se simplificarán trámites burocráticos y facilitarán las relaciones entre los investigadores y los centros que solicitan las ayudas con la agencia. Así pues, la ministra dijo que este programa “no es un punto y a parte en el trabajo por reducir la burocracia, pero es muy importante”.

En esta línea, la ministra recordó que, “aplicando la nueva ley de la ciencia, reconocimos el derecho a la indemnización cuando finalizan los contratos predoctorales, que son los temporales que aún reconoce la ley de la ciencia”.

Por otra parte, tras ser preguntada por la modificación de la orden que regula las antiguas becas de investigación, la ministra afirmó que es “perfectamente asumible” por parte de los investigadores, “que ahora tienen una trayectoria más larga y que fueron los que tuvieron esas becas”, y consideró que es “una propuesta muy adecuada, con la cual centenares de investigadores verán resarcido un derecho antes cercenado”.