Así se expresó Corredor en su discurso en la Junta general ordinaria de accionistas, donde afirmó que “el tiempo nos ha dado la razón” en relación con lo ocurrido el 28 de abril del año pasado, el día del cero peninsular. Después, en las intervenciones algunos accionistas reprocharon que no asuma la responsabilidad de lo ocurrido e incluso uno pidió su dimisión.

En cuanto al coste de la operación reforzada, apuntó que supone el 2% del coste total del sistema eléctrico, unos 34.000 millones de euros y que se traduce para los consumidores en unos 4 céntimos al día.

Además, negó que la Operación reforzada sea “la evidencia de que se programó poca generación síncrona, sino que es la Evidencia de los múltiples fenómenos de naturaleza no predecible” que se produjeron ese día como las oscilaciones que calificó como “los más graves de la historia del sistema”.

De hecho, en relación con las causas del apagón, defendió que “todos los informes técnicos avalan” las concusiones del que realizó Red Eléctrica, que fue “un episodio inédito, imprevisible y multifactorial” y que “Red Eléctrica no falló y que no hubo ningún incumplimiento ni conducta atribuible a ella que provocara el cero eléctrico”.

En esta línea, afirmó que “las causas raíz” fueron dos oscilaciones, una de ellas no forzada; la desconexión de multitud de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, la desconexión indebida de plantas de generación y el incumplimiento de las exigencias de control de tensión. “Los equipos de Red Eléctrica cumplieron sus obligaciones antes, durante y después del cero”, apostilló.

Por ello, explicó que Redeia ha presentado alegaciones al expediente sancionador abierto por la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia (CNMC) puesto que considera que incurre en conflicto de intereses, además de por defectos de forma y fondo.

Por último, se refirió a las demandas de las compañías eléctricas de participar en el desarrollo de la red de transporte exclusiva de Red Eléctrica, algo que rechazó por suponer “un conflicto de interés” al “no garantizar la neutralidad y la independencia” del sistema.

Asimismo, denunció que el interés de las eléctricas en participar en la red de transporte es “maximizar la rentabilidad de su negocio” y criticó que muestren este interés mientras se plantean reducir la inversión en sus propias redes de distribución.

Por otro lado, durante la junta, Corredor presentó una nueva batería de medidas para reforzar el sistema eléctrico tras el incidente del 28 de abril. De esta forma, Red Eléctrica da respuesta a los mandatos del Gobierno en los que se encomendaban nuevas tareas y funciones al operador.

Por ello, ha remitido en los últimos días a la CNMC y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un nuevo paquete de análisis y propuestas que incluye requisitos mínimos necesarios de monitorización para el análisis de incidentes y un procedimiento que establezca cómo remitir a Red Eléctrica la información solicitada para el análisis de incidentes.

También integra un análisis de la regulación de los servicios de ajuste y la programación de las restricciones técnicas para incorporar las nuevas situaciones del sistema, así como una propuesta de procedimiento para establecer la coordinación entre el desarrollo de la red de transporte y las redes de distribución.

Estas propuestas se suman a las que se someten a la consulta abierta por Red Eléctrica a finales de abril sobre una serie de procedimientos de operación relativos a la instalación y configuración de sistemas para el amortiguamiento de oscilaciones, establecimiento de respuesta a la velocidad de variación de la tensión y el establecimiento de requisitos de inyección de potencia a la red para las instalaciones de producción incluyendo los relativos a la estabilidad.

Con todo ello, se avanza en dotar al sistema de nuevas herramientas en ámbitos que se demostraron críticos el 28 de abril como el control de las tensiones, oscilaciones adversas, desconexión de instalaciones, sobretensiones en redes de evacuación o variaciones de tensión.

Del mismo modo, Red Eléctrica continúa con la habilitación de instalaciones en el nuevo P.O 7.4 aprobado en junio del pasado año. A 30 de abril había 14,5 gigavatios (GW) prestando el servicio de control de tensión mediante consignas, de los que 6 GW son renovables.