El nuevo Gobierno estará regido por el contenido de un acuerdo de 80 puntos que ambas formaciones rubricaron en sede parlamentaria el pasado viernes y que regirá la acción del nuevo Ejecutivo.

Entre esos acuerdos programáticos basados en lo que PP y Vox tienen en común destacan medidas de refuerzo de la inspección educativa para preservar la calidad de la enseñanza, sacando la ideología de las aulas y permitiendo que los padres elijan la educación de sus hijos, es decir se da vía libre el ‘pin parental’ defendido por la formación de Santiago Abascal.

El nuevo Gobierno colocará a la familia en el centro de sus políticas públicas. La coalición contempla la transformación dela Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales en Consejería de Bienestar Social y Familia, al tiempo que se creará una Dirección General de Familia, Infancia y Fomento de la Natalidad, que tendrá como misión principal desarrollar una Ley integral de apoyo a las familias, cuyo principal objetivo será el impulso de la natalidad y la protección de la maternidad.

Según el acuerdo, de mantendrá el esfuerzo en la lucha contra la violencia machista con endurecimiento de las medidas aplicables a violadores y el diseño de un perfil del violador o maltratador. Al tiempo, los dos partidos se comprometen a erradicar la violencia intrafamiliar para garantizar la igualdad entre todas las víctimas.

Además, el nuevo gobierno aragonés promoverá la reforma de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de Aragón y modificará el Reglamento de las Cortes para que la perspectiva de familia se tenga en cuenta en la elaboración de todas las leyes.

MEDIDAS ECONÓMICAS

En materia económica, PP y Vox apuesta por rebajar en medio punto los cinco primeros tramos del IRPF (hasta los 50.000 euros), reducción del impuesto de Sucesiones y Donaciones estableciendo una bonificación del 99 % entre padres, hijos, abuelos y cónyuges y reducir también de manera progresiva este impuesto cuando los beneficiarios sean hermanos, tíos y sobrinos, también mediante bonificación en la cuota.

Además, mientras no se derogue el Impuesto sobre el Patrimonio, se elevará el mínimo exento a los 700.000 euros y se bonificará al 100% el patrimonio formado por inversiones en empresas, activos productivos de bienes o servicios generadores de empleo. El nuevo gobierno procederá a revisar las subvenciones a agentes sociales y ayudas al desarrollo para racionalizarlas.

Otro de los vectores del pacto tiene que ver con la gestión del agua. Contempla medidas contra la sequía y ayudas a agricultores y ganaderos con líneas de financiación de préstamos para que puedan hacer frente a los gastos ordinarios de las explotaciones.

Además, se comprometen al desarrollo íntegro de todas las obras de regulación hidráulica necesarias para garantizar la reserva hídrica estatutaria, la modernización y ampliación de regadíos, el suministro industrial y de boca y el uso eficiente de los recursos hídricos en las próximas décadas, descartando así un trasvase desde el Ebro.

Para luchar contra la despoblación, prevén favorecer con más puntos a los médicos y docentes que se establezcan en el medio rural y elaborar un plan integral para el sector de la nieve que aporte certidumbre a los agentes económicos

Finalmente, se comprometen a derogar la Ley de Memoria Democrática de Aragón, a suprimir la Dirección General de Política Lingüística, a eliminar ayudas a las entidades que trabajen en esa área y a revisar la Ley de uso protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón. También pactan un modelo de radio y televisión pública que favorezcan la cohesión territorial y los valores constitucionales y que promocione la cultura y tradiciones aragonesas.