Cosital explicó que los habilitados nacionales –secretarios, interventores y tesoreros– desempeñan funciones reservadas y esenciales en todas las entidades locales, garantizando la legalidad, la transparencia, el control económico-financiero y la estabilidad presupuestaria. Asimismo, advirtió que la cesión de competencias autonómicas exclusivas para cubrir estas plazas, tal como prevé el decreto-ley, "pone en riesgo la unidad de la escala, fragmentando un cuerpo que históricamente ha mantenido criterios uniformes de selección, formación y provisión de puestos" en todo el territorio nacional.

Asimismo, recordó que la experiencia del periodo 2007-2013, cuando estas competencias ya estuvieron descentralizadas, evidencia la ineficacia del sistema regionalizado. En ese periodo solo se convocaron 956 plazas por las comunidades autónoma, frente a las 4.197 convocadas por el Estado entre 2014 y 2022.

La convocatoria estatal conjunta ha demostrado, por el contrario, ser más eficaz, garantizando programas homogéneos, una formación técnica sólida y procedimientos basados en la neutralidad, la objetividad y la transparencia.

Por todo ello, Cosital señaló que la medida aprobada "no contribuye a mejorar la dotación de plazas ni la preparación técnica de los habilitados nacionales". "Por el contrario, la cesión de las competencias en materia de selección y provisión de plazas debilitará la independencia de los funcionarios, comprometerá la correcta fiscalización económico-financiera de los municipios y dificultará la estabilidad presupuestaria en la gestión de fondos públicos, incluyendo los fondos europeos como son los Next Generation UE", sentenció.