La organización señaló en un comunicado que algunas de las reformas impulsadas por el Gobierno ya fueron anuladas por el Tribunal Constitucional y otras que se encuentran en tramitación “ponen en riesgo principios esenciales de la Unión Europea, como la igualdad de los ciudadanos, la seguridad jurídica, el buen gobierno y la democracia local”.

Cosital subrayó el papel clave de estos funcionarios en el funcionamiento de las entidades locales, en el control económico-presupuestario y en la gestión y fiscalización de los fondos europeos.

Además, alertó de que la fragmentación de su sistema de selección y formación puede generar desigualdades territoriales y debilitar la independencia del control público.

Cosital solicitó al Parlamento Europeo la admisión a trámite de la petición y que analice el impacto de estas reformas a la luz de los valores y normas de la Unión Europea.

La reclamación de Cosital se produjo en respuesta a la devolución a la Generalitat de Cataluña, por parte del Gobierno central, las competencias sobre la oferta pública de empleo y los procesos de selección de los habilitados nacionales, en cumplimiento con los acuerdos alcanzados con Junts.