El importe de las cotizaciones pendientes de cobro registró fuertes incrementos en los últimos ejercicios auditados por el tribunal: 1.521.003 millones en 1986, 1.763.921 illones en 1987, y 1.85 .515 millones en 1988.

En su informe, el Tribunal de Cuentas señala que "para la debida valoración de estos datos se debe tener en cuenta que el total recaudado por cuotas de todos los Regímenes ascendió en 1986 y 1987 a 2.859.104 y 2.976.216 millones de pesetas, respectivamente".

El tribunal señala asimismo que "la información sobre morosidad, y consiguientemente su contabilización, fue en general, interrumpida en febrero de 1988 y así continuaba en diciembre de 1989, en espera de que se estableca un nuevo tratamiento informático".

A su juicio, "lo prolongado de esta situación está afectando de manera importante a la determinación del importe de la deuda tanto en reclamación administrativa como en vía ejecutiva".

OTRAS IRREGULARIDADES

La fiscalización de la Tesorería General de la Seguridad Social detectó también otras anomalías, como que "el fichero maestro de empresas, básico en la estimación de la morosidad, no está actualizado con la incorporación de todas las bajas".

Asimism, "la correcta captación de algunos datos contables no está suficientemente contrastada: así, la contabilización de carpetas de morosidad se ha venido haciendo sin comprobación del soporte documental".

Finalmente, el informe señala que "no existe un resumen mensual obligatorio en el que las URES (Unidades de Recaudación Ejecutiva) deban recoger el movimiento y situación de las certificaciones pendientes de gestionar o en trámite de gestión sin ultimar".

A la vista de las irregularidades detectada, el Tribunal de Cuentas ha decidido realizar "una fiscalización más amplia de las actuaciones que lleva a cabo la Tesorería de la Seguridad Social en relación con la determinación, reclamación y cobro de las cuotas no ingresadas en los plazos reglamentarios".