En el escrito, señaló que Ozaeta, condenada en 2014 por su papel como tesorera de la banda terrorista, defendió su tesis doctoral en 2023 desde prisión, y obtuvo un puesto en la universidad “nada más cumplir condena”, lo cual considera “anómalo” en el ámbito académico.

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, afirmó que consultaron con los académicos y estos les confirmaron que “este proceso de contratación se ha gestionado con una celeridad inusual” y exigió “mayor seriedad, rigor y mínimos”.

Ordoñez subrayó que, aunque la contratación de Ozaeta pueda ser legal tras cumplir su pena, “no es ni ético ni estético” que una exdirigente de ETA ejerza como docente en una universidad pública.

Covite recordó que Ozaeta fue teniente de alcalde de Andoain por Euskal Herritarrok en la época en que ETA asesinó a José Luis López de Lacalle y Joseba Pagazaurtundúa, crímenes que nunca condenó.

Covite afirma en el escrito que “es indigno e inconcebible que, en un país democrático, una persona que no se ha arrepentido de sus crímenes sea profesora universitaria tan pronto tras salir de prisión” y exige que se revise la contratación.

La organización de víctimas alertó del mensaje que se transmite al alumnado con esta incorporación y subrayó el riesgo de que una figura ligada al terrorismo se convierta en referente educativo para nuevas generaciones.

Añadió que “es inaceptable que en una universidad pública se dé voz académica a personas que no sólo no han rechazado la violencia de ETA, sino que siguen orgullosas de su pasado”.