Censuró estas tres progresiones porque “ninguno de estos tres etarras cumple con el requisito fundamental exigido por la ley para poder acceder al tercer grado, que es el arrepentimiento” y, por lo tanto “se trata, una vez más de terceros grados fraudulentos”, aseguró la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.

Los terroristas a los que se les ha concedido son Eneko Gogeaskoetxea, condenado por el asesinato de Txema Aguirre y por herir a otras ocho personas; Aitor Aguirrebarrena, condenado por el asesinato Casado Carrera, Irene Fernández Perera, José Ángel de Jesús Encinas y José Luis López de Lacalle; y ‘Gotzon’ Aramburu Sodupe, condenado por el asesinato de Antonio Molina Martín y por herir a su compañero Juan Aguilar Osuna.

Los tres presos están en las listas oficiales de ‘Etxerat’, la asociación de familiares de presos de ETA vinculada a la izquierda abertzale, en la que son tratados como presos políticos, lo cual es “un indicativo inequívoco de su falta de desvinculación de las estructuras de control que tiene la izquierda abertzale sobre los presos de ETA”, señaló Covite.

EXIGIR ARREPENTIMIENTO

Asimismo, indicó que estos tres presos son exhibidos con frecuencia en las manifestaciones públicas de la izquierda abertzale en las que se exige la excarcelación de los presos de ETA.

Ordóñez insistió en que “se está cumpliendo a rajatabla la última exigencia de ETA para dejar de matar que queda por cumplir en este final de ETA negociado que vivimos: vaciar las cárceles de sus presos sin exigirles arrepentimiento y con trampas al Estado de Derecho”.

Covite recalcó que la gestión de competencia de Prisiones del Gobierno vasco, en lo que se refiere a los presos de ETA, está resultando ser una “amnistía encubierta”.

En este sentido, criticó que el Gobierno vasco sustente el cumplimiento del requisito del arrepentimiento “en cartas que nunca se hacen públicas, mientras los etarras siguen dejándose instrumentalizar por la izquierda abertzale e imponiendo a las víctimas su exhibición pública constante”.

"BURLA" A LAS VÍCTIMAS

Además, destacaron que esas cartas son una “burla” y un “insulto” a las víctimas. Ordóñez añadió a esto que “es vergonzoso que tanto el Gobierno vasco como la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que es la única competente para recurrir los terceros grados y quien debe así velar por nuestro derecho a la justicia en la fase de ejecución de las condenas, den validez a esas cartas cuyas palabras siempre son desmentidas por los hechos”.

Desde Covite, denunciaron que sus representantes públicos “son quienes deberían velar por nuestro derecho a la justicia y por cumplir la ley, no solo no lo están haciendo, sino que están vulnerando el principio fundamental que inspira nuestro sistema penal respecto al cumplimiento de las condenas”.