El portavoz de COVITE, Cristian Matías, dijo a Servimedia que los etarras están "obligados" a hacer frente a sus penas, de las que forman parte, además de la estancia en prisión, las compensaciones económicas por los daños causados.

Estas indemnizaciones, que los miembros de la organización criminal no suelen pagar, fueron asumidas "con carácter extraordinario" por el Estado a través de la Ley de Solidaridad de 1999, que, sin embargo, dejaba claro que esto no significaba que las instituciones asumieran "responsabilidad subsidiaria alguna".

A este respecto, el representante de COVITE añadió que "lo único que pedimos las víctimas es que se cumplan estrictamente las condenas", lo que supone que los terroristas "están obligados a resarcir a los familiares por los daños materiales, por los destrozos".

La petición de las víctimas del País Vasco se suma a la realizada en los últimos días por la AVT, cuyo presidente, Francisco José Alcaraz, ha asegurado que las instituciones deben comenzar a reclamar las indemnizaciones a etarras como los 47 que está previsto sean excarcelados en 2006.

Según Alcaraz, "la solidaridad de la sociedad tiene que ser con las víctimas, no con los terroristas", por lo que si no se exigen las indemnizaciones, son los ciudadanos los que están pagando con sus impuestos el daño hecho por los criminales.