El que fuera ‘número 2’ de Correa admitió en la segunda jornada del juicio haber cometido los delitos contra la Hacienda pública y de blanqueo de capitales que le atribuye la Fiscalía y asumió todos los hechos, en línea con su decisión de colaborar con la justicia.

El cabecilla de la red, Francisco Corres, Crespo y otros 18 acusados en esta causa han alcanzado acuerdos con la Fiscalía Anticorrupción a cambio de una rebaja de penas. En esta vista se enjuicia la trama corrupta por la que cargos del PP en ayuntamientos y comunidades autónomas cobraron sobornos a cambio de adjudicaciones de contratos públicos entre los años 1998 y 2009.

Según la Fiscalía, los acusados dejaron de ingresar más de 2.600.000 euros por el IVA y el impuesto de Sociedades entre los años 2003 y 2007. Por su parte, Correa se hizo con casi 31 millones de euros por intermediar en la concesión de adjudicaciones. En su declaración de ayer, reconoció que nunca llegó a pagar impuestos en España gracias a una compleja estructura societaria y que intentó trasladar su domicilio fiscal a Panamá.

Por su parte, los otros 18 empresarios que han llegado a un acuerdo con la Fiscalía también han reconocido ante la Audiencia Nacional los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Con ese reconocimiento pretenden reducir las penas que el Ministerio Público pide para ellos.

Para Correa y Crespo, Anticorrupción pide 77 años de cárcel, las mayores penas solicitadas en la causa. Entre los empresarios juzgados está José Luis Ulibarri, para el que la Fiscalía pide 14 años de prisión por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y falsedad documental continuada, cuya comisión ha reconocido.

Ulibarri ya fue condenado a 19 meses de prisión en la pieza de Boadilla del Monte, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, que inicialmente le pedía más de siete años de cárcel por delitos de prevaricación, fraude a la administración, tráfico de influencias y falsedad documental.

Otros cinco acusados no han pactado con la Fiscalía. Entre ellos está el exdirector de Bancaja en Miami Guillermo Martínez Lluch y el empresario Jesús Calvo Soria, para quienes la fiscal solicita 13 y siete años de prisión.