En un comunicado conjunto, las organizaciones estudiantiles recordaron que "hace ya dos años que el Ministerio de Trabajo se comprometió a regular las prácticas académicas a través del Estatuto de las Personas en Formación Práctica en el Ámbito de la Empresa". Sin embargo, este compromiso "se ha demostrado insuficiente desde el principio al no contar con la comunidad educativa y especialmente, con la voz del principal colectivo afectado: el estudiantado".

Las entidades explicaron que este Estatuto "no se limita a diferenciar las prácticas de una relación laboral ordinaria". También entra "de lleno" en cuestiones en las que los estudiantes consideran que tendrían que "tener voz", como los derechos y deberes del estudiantado, los planes de formación individuales o los convenios entre centros educativos y empresas. "Por tanto, es inadmisible que se pretenda avanzar en esta regulación sin la participación activa de los centros educativos y de quienes más sufren la falta de regulación: los y las estudiantes".

Por ello, Creup y Canae exigen "que se reactive con urgencia el proceso de regulación de las prácticas académicas con el fin de atajar de forma precisa la precariedad a la que nos enfrentamos los estudiantes a la hora de realizarlas".

Los estudiantes lamentaron que esas prácticas, "en demasiadas ocasiones", "ni son formativas" ni "respetan" sus horarios, situando a los jóvenes "en situaciones de vulnerabilidad e incluso explotación".

"El Estatuto debe garantizar condiciones dignas, un marco claro de derechos y un reconocimiento efectivo que facilite la inserción laboral posterior. Las prácticas no pueden, en ningún caso, convertirse en una excusa para encubrir puestos de trabajo ni para asignar al estudiantado tareas ajenas a sus estudios", revindicaron, en un llamamiento a una reforma "integral y diferenciada" entre las del ámbito universitario y las del no universitario.

Para ello, las organizaciones estudiantiles plantean como "imprescindible revisar y reformar normas clave como el Real Decreto 592/2014, que regula las prácticas externas del estudiantado universitario, o la Ley Orgánica 3/2022, de Ordenación e Integración de la Formación Profesional".

"Es incomprensible que esta situación no sea una prioridad para un Ministerio que dice defender los derechos laborales, pero que sigue ignorando los derechos del estudiantado en formación práctica", zanjaron los estudiantes, que denunciaron "que no existe un acuerdo de diálogo social si se excluye al estudiantado": "El Ministerio debe reabrir el proceso de elaboración del Estatuto, esta vez con la participación real de la comunidad educativa y aprobar de forma inmediata una regulación real. justa y útil de las prácticas académicas en todos sus niveles. No aceptamos más silencios ni excusas, ser 'becario' no puede ser sinónimo de ser precario".