Así figura en una pregunta por escrito presentada al Gobierno por el senador del PP José Antonio Monago Terraza, que pedía aclaraciones después de que el Consejo de Seguridad Nacional aprobara el 19 de marzo de 2024 la revisión y elaboración de una nueva Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave.

De acuerdo con la respuesta recogida por Servimedia, esta estrategia tiene como fin adaptar la respuesta a las nuevas formas y estructuras del crimen organizado y la delincuencia grave, en consonancia con las prioridades de la UE y las iniciativas internacionales en la materia, según indicó el Gobierno en su respuesta parlamentaria.

En esta estrategia se identifica como una de las principales amenazas "el incremento de la violencia y la sensación de inseguridad que pueden derivarse no solo de los ataques a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sino también a personal civil, de aduanas o portuario".

VIOLENCIA Y ATAQUES

Estos ataques pueden ser "de manera directa o bien derivados de otras actividades criminales asociadas, como los robos con violencia entre redes criminales, los ajustes de cuentas o la incautación de armas", según señaló el Ejecutivo en su contestación al senador popular.

Igualmente, el Gobierno resaltó "la contención del nivel de violencia de la criminalidad organizada en nuestro país, no solo mediante medidas preventivas y represivas, sino también a través de la implementación de planes concretos para zonas especialmente afectadas" por este fenómeno delictivo.

Como ejemplo, el Ejecutivo citó la implantación del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, puesto en marcha en 2018, que hace frente, entre otras cuestiones, "al aumento de la violencia en la zona de influencia de este Plan y a la consecuente pérdida del principio de autoridad policial".

Este Plan Especial de Seguridad se ha materializado a lo largo del tiempo en cuatro Instrucciones, la última de ellas en vigor desde 2024, a través de las cuales se ha ido adaptando a la evolución de la criminalidad organizada con medidas específicas para combatirla.

EXTENSIÓN TERRITORIAL DEL PLAN

Entre estas medidas figura "la extensión territorial hasta las seis provincias actuales, un aumento progresivo en la dotación de medios económicos, humanos y materiales para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargadas de contenerla", así como otras de índole investigativa, según detalló el Gobierno.

El Ejecutivo destacó también "el incremento en las investigaciones patrimoniales y por blanqueo de capitales, verdadero talón de Aquiles de estas redes criminales", como una de las medidas clave contempladas en las diferentes Instrucciones del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar.

El senador del PP José Antonio Monago Terraza había alertado en su pregunta de que la criminalidad organizada en España ha evolucionado hacia formas cada vez más violentas y sofisticadas, con una integración de tecnologías avanzadas y una diversificación de sus actividades delictivas.

El parlamentario popular destacó el narcotráfico como principal amenaza y señaló que esta situación genera un aumento de la inseguridad ciudadana y una afectación directa a la vida y salud de las personas, con prácticas como el reclutamiento de menores a través de redes sociales.

Monago Terraza también mencionó en su pregunta el uso de la corrupción para facilitar el tráfico de drogas y armas, y una infiltración creciente en estructuras legales, lo que plantea riesgos críticos en términos de seguridad nacional y control institucional en España.