El encarecimiento de la energía (47%) y los materiales bituminosos (52%) en este periodo iguala al acumulado durante los dos años de espiral inflacionista de la pandemia y la guerra de Ucrania, según advirtió este miércoles ANCI, la patronal española de constructoras no cotizadas.

A su juicio, el conflicto en Irán está evidenciando la influencia de los acontecimientos geopolíticos sobre la economía global y los sectores productivos, afectando particularmente al sector de la obra pública a través del mercado energético, la logística marítima y las presiones inflacionistas. Esta situación es similar a la generada tras la Covid y la guerra de Ucrania, lo que subraya la necesidad de mecanismos ágiles y automáticos de actualización y revisión de precios en los contratos.

Según los Índices del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), que sirven de estimación adelantada de los del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre enero y abril de 2026 se registraron incrementos del 52% en materiales bituminosos y del 47% en energía. A esto se sumó un alza del 15% en el precio comercial del acero corrugado en lo que va de año, según los índices de la Cámara de Comercio de España.

Este incremento de precios supuso importantes sobrecostes en las obras en ejecución, con un impacto medio del 15% en las de carreteras, que se eleva al 25-30% en las de rehabilitación de firmes. El informe destaca que estas obras, por su corta duración, no suelen tener revisión de precios. Otras tipologías también mostraron sobrecostes notables, como el montaje de vía (11%), las plataformas ferroviarias (9%), los muelles de gravedad (17%) y las pistas de vuelo (15-16%).

En el caso de obras adjudicadas antes de 2021, estos sobrecostes se añaden a un incremento acumulado que se encuentra entre el 27% y el 55% del precio de adjudicación, con una compensación máxima limitada al 20% por el mecanismo de revisión excepcional de precios de la normativa vigente. Por ello, ANCI pidió reactivar y modificar dicho mecanismo para asegurar la viabilidad de los contratos públicos en la actual coyuntura inflacionista.