El año comenzó con unos Presupuestos pactados entre el Gobierno y CiU -que contaron ya con algunas discrepancias en el seno del Ejecutivo de González, como la reducción de las cotizaciones sociales y el aumento del IVA- que tenían como objetivo consolidar la recupración económica y reducir el déficit público. Sin embargo, el año concluyó con el rechazo de los Presupuestos del Gobierno para 1996, algo que nunca había ocurrido en el periodo democrático.

Solbes, Roca, Alavedra y Almunia fueron los artífices de la política económica que se iba a desarrollar en 1995 y que se vio truncada por diferentes circunstancias. En primer lugar, los ataques de los mercados a la peseta comenzaron a enturbiar los planes de la alianza PSOE-CiU. El titular de Economía se vio forzdo, casi un mes después de aprobarse las Cuentas del Estado, a presentar un plan de reducción del gasto público, con la intención de tranquilizar a los mercados.

Solbes apretó el cinturón a todos los ministerios e hizo un llamamiento firme para reducir el déficit público. Los Presupuestos de 1995 perdían fuerza y Maastricht y los mercados penalizaban un plantemiento económico en continua revisión.

A esta situación no puede ser ajena la marcha de Miquel Roca. El hombre que más solidificó el pacto ntre ambos grupos, y cuya pluma más se notó en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 1995, dejaba de ser el nexo entre Solbes y Macià Alavedra... Quizá un aviso de lo que ya se urdía en Barcelona.

Los mercados volvían a su normalidad, pero el IPC continuaba desbocado y la propuesta de los catalanes de subir el IVA, defendida contundentemente por Miquel Roca, superaba las previsiones del Gobierno sobre el efecto de tan polémica medida en la inflación. "No se había estudiado lo suficiente el efcto de la subida del IVA. Fue más una medida política", reconocería más tarde el ya dimitido secretario de Estado de Economía, Alfredo Pastor.

El control de la inflación y la resistencia del Banco de España a que nuestra moneda se saliese del Sistema Monetario Europeo tuvo un coste en el incremento de la deuda pública, con subidas de los tipos de interés en enero y marzo.

La economía, en el primer trimestre, se encontraba con problemas mayores de los previstos para alcanzar una consolidación y unavance en la carrera hacia Europa. Estaba herida, pero no de gravedad: el PIB continuaba aumentando y a eso se agarraba el Gobierno con ahínco.

LAS LEYES TRIBUTARIAS

En el Congreso de los Diputados se iban gestando leyes de una considerable importancia económica, en las que CiU hizo más visible su poder. Como ejemplo más inmediato está la Ley de Comercio, que los nacionalistas lograron paralizar durante casi un año y que finalmente se aprobó, retrasándose al 2001 la liberalización total de los horaros comerciales, en beneficio del influyente pequeño y mediano comercio catalán.

Además, en el proyecto de Ley del Impuesto de Sociedades CiU logra mejorar la fiscalidad de fondos y planes de pensiones, el 'leasing' y las pymes (importante segmento electoral de los nacionalistas). En la Ley General Tributaria consigue que las sanciones por impago de IRPF se reduzcan a la mitad (del 300% al 150%), al igual que los recargos para las declaraciones fuera de plazo.

CiU imponía su ley, incluyendo medida alejadas de las propuestas de Hacienda y más cercanas a las tesis de los populares. La subida de tipos en junio, para controlar la inflación, bastó para echar la vista atrás y pensar si los catalanes habían jugado una mala pasada al nivel de precios y, a la postre, si su influencia iba más allá del tan mentado pacto parlamentario.

EL "ESPIRITU" DEL 12 DE SEPTIEMBRE

Las principales leyes económicas y tributarias ya estaban en curso. Sólo quedaba el visto bueno del Senado y algún retoque en la letra equeña. Los convergentes habían conseguido logros muy importantes pero, más que nunca, las encuestas iban a determinar la política económica de un país.

A mitad de año, y tras un funcionamiento correcto de la entente entre Gobierno y Generalitat, los escándalos GAL y Perote alcanzan su cénit y la presión de los agentes sociales y de la oposición para que se convoquen elecciones comienza a hacer mella entre los convergentes y, sobre todo, entre el empresariado catalán.

Es entonces cuando Pujol haba ya de elecciones generales, algo que concreta tras observar que las encuestas le quitan la mayoría absoluta en Cataluña. Se fraguaba lo que se podría denominar el "espíritu" del 12 de septiembre.

Ese día, el Comité de Enlace de CiU daba la noticia del año y anunciaba que rechazaría los Presupuestos para 1996, la ley más importante del año. Sentaba así un precedente en la democracia española: nunca un grupo que no gobierna había provocado un giro tan fuerte en la economía.

A pesar de argumentar ausas políticas -que quedaron justificadas con la pérdida de la mayoría absoluta de Pujol en los comicios catalanes un mes después-, lo cierto es que el Ministerio de Economía vio paralizado un proyecto que se aventuraba como esencial para reducir el déficit, pero que, sobre todo, tenía una línea continuista con la pactada un año antes con sus socios catalanes.

CiU quiso ratificar el fin definitivo de lo que había sido una hermosa amistad aprobando una comisión de investigación por el 'caso Intelhorce, que quedó en un mero apunte testimonial por la pobreza de la misma. Felipe González fecha las elecciones para marzo.

EL FANTASMA FRANCES

Tras el rechazo de CiU, las leyes económicas se paralizan y se empieza a pensar en las elecciones. La inflación comienza a corregirse, el déficit de caja cae de forma significativa y el empleo se mantiene estable. Solbes elabora un borrador de las cosas que urge aprobar por decreto como la revalorizacion de las pensiones y las portadas de los periódicos empiezanhacer hueco al programa económico del PP.

Todo más o menos tranquilo hasta que salta el plan Juppé en Francia y el riesgo de que ellos, igual que nosotros, no podamos entrar en la Unión Monetaria se hace más real que nunca. El año termina con un diciembre caliente e inusual, sin presupuestos, con el país vecino revuelto por las reformas económicas y con la posibilidad de no cumplir los requisitos de Maastricht, amenazando ya al próximo Gobierno.

La política económica será, hasta marzo, más polítca que nunca con elecciones a la vista; o simplemente no será. Después habrá que poner el "turbo" para que la Unión Monetaria no nos pille por sorpresa. El Gobierno deja, en el año que acaba, asignaturas tan pendientes como urgentes: pensiones, servicios, sanidad, suelo, colegios profesionales...