Beltrán expuso ante el Pleno los motivos por los que insta al Gobierno a adoptar medidas en favor de la transparencia de las instituciones y de la lucha contra la corrupción y propuso un ‘Plan nacional contra la corrupción y el fraude’ ante las causas, dijo, que afectan al Ejecutivo central y a su presidente, Pedro Sánchez.

Entre los casos denunciados, el PP destacó la imputación de la esposa del presidente, Begoña Gómez, por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias por parte de un juzgado de Madrid. También citó casos como la 'Operación Delorme', que investiga la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional sobre una supuesta trama de compra de mascarillas en la que estaría implicado Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

La senadora dijo que “la verdadera cara de Sánchez se vio en su discurso de moción de censura” contra el expresidente popular Mariano Rajoy y le acusó de, desde aquel día, solo haber trabajado “para pervertir las instituciones, la democracia y el Estado de derecho”.

En esta línea, Beltrán llevó a la Cámara las palabras de Sánchez de aquel discurso, donde el actual presidente dijo que la corrupción “actúa como agente disolvente y profundamente nocivo para cualquier país, disuelve la confianza en los gobernantes y debilita al Estado”.

Beltrán acusó al Gobierno de tener “colonizadas” las instituciones, desde el Banco de España, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional, el CIS, o el CNI, entre otros. Sobre Sánchez manifesó que "ha sido llamado a declarar sobre la presunta corrupción de su mujer y no solo no ha dimitido, sino que ha burlado la justicia negándose a declarar en el juzgado”.

DIMISIÓN

Declaró que Sánchez, “por pretender someter a jueces, perseguir a los medios de comunicación, colonizar las instituciones para su beneficio, por los casos de corrupción que asolan su partido”, “debe cumplir su palabra, ser coherente y presentar su dimisión”.

Por su parte, el senador del PSOE Alfonso Gil recordó casos de corrupción que afectan al PP “con sentencia firme”, a diferencia de los actuales casos abiertos relacionados con Sánchez. Acusó a los populares Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso de “tirar por la ventana a Pablo Casado por denunciar un caso de corrupción” en su partido. Asimismo, indicó que la próxima semana algunos populares “pasaran por el banquillo” por el ‘Caso Kitchen’.

Al igual que también hizo la senadora Carla Antonelli, de Sumar, criticó el caso de presunta corrupción relacionado con la vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid, Ana Millán. También acusó al PP de haber tenido cinco años sin renovar el Consejo General del Poder Judicial "porque lo controlaban" y de tener el Tribunal Constitucional “patas arriba”.

El senador socialista aseguró que en su partido “no hay nada, ni un indicio ni una sola prueba” de corrupción y defendió que seguirán trabajando para que el PP "no vuelva a gobernar" y evitar la situación de 2017, cuando la máxima preocupación de los españoles (del 52,4%) “era la corrupción”.

Por su parte, la senadora de Vox Paloma Gómez dijo al PP que esta moción llega “tarde y mal” y les acusó de ser “responsables” de la corrupción socialista por “repartirse los cromos con el enemigo”. Así, aseguró que PP y PSOE “han sido auténticos cooperadores necesarios que pasan el tiempo en una falsa oposición”. Reiteró que “PP y PSOE van de la mano, hacen el paripé tanto en el Congreso como en el Senado y convocan falsas manifestaciones del uno contra el otro”, “no paran de cortejarse, se tiran los tiestos, se ven a escondidas y, al final, los novios de España dan como resultado una relación con derecho a roce”, ironizó.

Por su parte, la senadora de PNV Estefanía Beltrán de Heredia calificó de “vergüenza ajena y propia” las comparecencias del Pleno de este martes, del que dijo que estaba “desatando la hoja de servicios en cuanto a quien tiene más o menos casos de corrupción” y reflexionó que tan solo se trataba de “un intercambio de reproches”.

En este sentido, se preguntó “cuánto de buena intención o de buenos propósitos de enmiendas había en esta moción” y si son “suficientes las leyes para garantizar la integridad moral y la actuación ética de quienes en el ejercicio de la política somos servidores públicos”.