"Es un problema de capacidad de trabajo, de administración del tiempo que está disponible para resolver las distintas competencias que tiene el Tribunal, porque e olvida que el Tribunal Constitucional tiene que dedicar un tiempo importante a algo que hace exclusivamente él, que es controlar la ley, el trabajo del legislador", dijo Cruz Villalón a Radio Nacional.

En este sentido, subrayó que "el amparo de derechos fundamentales es una labor que comparte con el resto de los tribunales de justicia", por lo que "es ahí donde una política legislativa puede operar, tratando de consegur que el Tribunal Constitucional pueda operar en términos más equilibrados", mediate la "racionalización del acceso al amparo constitucional".