Según Ciudadanos, este informe solicita también que se ponga “fin a la violación de derechos fundamentales” de padres y niños, y que las comunicaciones con las familias y las páginas webs, de los colegios y la Generalitat, sean en las dos lenguas “de oficio, sin necesidad de que las familias o el alumno lo soliciten individualmente”.

“Es un texto histórico porque ayudará a poner fin al sistema de impunidad en el que hasta ahora el Gobierno catalán, con la connivencia del Gobierno central, se han movido para imponer un sistema lingüístico monolingüe en Cataluña”, destacó la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua.

“Este informe lo deja muy claro: el sistema educativo debe tener en cuenta el interés superior del niño en las políticas lingüísticas y de ninguna manera se puede excluir ninguna de las lenguas como vehicular. Debemos pasar a un sistema de bilingüismo de calidad, no uno de monolingüismo en la red pública y trilingüe en la privada”, añadió.

“Queremos lo mejor para todos”, concluye el informe elaborado por la comisión de Peticiones tras la misión a Barcelona celebrada el pasado diciembre, en la que eurodiputados de distintos partidos y nacionalidades comprobaron la “obsesión” del Gobierno catalán “contra” el castellano en la educación pública y el acoso a niños que han defendido su derecho a un 25% de clases en español.

En uno de sus puntos, la citada comisión “pide a las autoridades regionales y nacionales que colaboren para ayudar a poner fin a la violación de los derechos fundamentales de los padres, los niños y las familias y salvaguardarlos, tal como se establece en el artículo 21 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales”.

Además, la Eurocámara reclama a la Generalitat que se asegure de que las páginas web de la administración pública educativa, incluidos los centros, y sus comunicaciones con alumnos y familias “se realicen tanto en castellano como en catalán, de oficio, sin necesidad de que el alumno o las familias lo soliciten individualmente”.

El informe también se dirige a la Comisión Europea, a la que pide que “siga de cerca la forma en que se aplica en Cataluña el artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, especialmente en relación con el respeto de la diversidad cultural y lingüística por parte de las autoridades regionales”.

Este informe será enviado ahora a la Generalitat de Cataluña, a las autoridades nacionales españolas, incluido el Ministerio de Educación, al Defensor del Pueblo español, al Síndic de Greuges de Cataluña, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y al Tribunal Constitucional. También será remitido al Grupo de Seguimiento del Estado de Derecho y de los Derechos Fundamentales de la comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara.